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A nivel central y de delegaciones, ninguna institución fiscalizada cuenta con un presupuesto adicional para la implementación de actividades con enfoque de género, expresa el informe de seguimiento de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, a las recomendaciones para el cumplimiento del la Ley 648 o de Igualdad de Derechos y Oportunidades.

Esto es parte de las conclusiones del estudio realizado por la institución de derechos humanos, para el cual a pesar de los continuos requerimientos no brindó información el Instituto Nicaragüense de la Mujer, INIM, instancia en cuyas líneas estratégicas está asegurar entre las mujeres el conocimiento de la Constitución y de las leyes para el ejercicio pleno de la democracia directa y de sus derechos ciudadanos.

La procuradora especial para la mujer, Débora Grandison, expresó que fueron ocho las instituciones estatales consultadas y lamentó que con el INIM no se pudo constatar el avance en este importante tema que le compete.

Francisco Javier Lola, Coordinador del Departamento de Fiscalización de la PDDH, comentó que el estudio tiene por objetivo dar a conocer de qué manera las instituciones públicas han cumplido con las recomendaciones emitidas por la PDDH en la incorporación de la Ley 648 en las principales políticas y programas en ministerios e instituciones del Poder Ejecutivo, en el período 2009-2010, y uno de los objetivos específicos era conocer la incidencia del INIM como órgano rector de la Ley mencionada.

Aparte del INIM, en las conclusiones se recalca que en las instituciones fiscalizadas, Instituto de Desarrollo Rural y la Intendencia de la Propiedad, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio Agropecuario y Forestal, Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente, así como el Ministerio de Salud, se verificó que no se ha logrado el debido cumplimiento de la ley en cuanto a la conformación y funcionamiento de las Unidades de Género, lo cual limita los procesos de capacitación, monitoreo y asesoría, tanto a nivel central como en las delegaciones departamentales.

Por otra parte, se comprobó que sólo en el Mitrab se conoce al 100% la política de género del gobierno, y el que menos conocimientos tuvo fue el Minsa con el 33.33%. El promedio general de la fiscalización fue del 69.05%.
En el caso de la Ley 648, el Mitrab obtuvo el 71% de conocimiento, para un promedio general de las ocho instituciones consultadas, de apenas el 47.9%.

Grandison alegó que si bien aún persiste la discriminación laboral, entre otras violaciones a la ley, por cuestiones de género y que en ninguna institución se contrata a una mujer embarazada, el gobierno avanza en el tema poco a poco, y ejecutan acciones a través de los proyectos financiados por la cooperación internacional, además, excusó que la Ley 648 es relativamente nueva y por eso poco conocida.

“Se necesita que las instituciones, y en especial las mujeres se apropien de estas herramientas legales y las apliquen cuando sus derechos son vulnerados”, alegó Grandison.