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El anuncio informal del presidente Daniel Ortega el pasado 19 de Julio, sobre la posible prórroga en el cargo de la Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, colocó a la sociedad nicaragüense en un dilema hasta ahora inexplorado: si se le aprueba su reelección legitimaría una violación constitucional, pero si se retira, existe la posibilidad de que asuma una jefatura policial radicalmente orteguista y sin contacto humano con esa sociedad.

A criterio del analista de temas de seguridad, Roberto Cajina, el comentario del presidente Ortega en plaza pública, en torno al futuro de Granera, de convertirse en hecho, violaría tanto la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, como la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 97.

Palabras sin leyes
Según la interpretación de Cajina, el presidente Ortega no tiene potestad constitucional de ejercer el mando directo sobre la Policía sin la presencia del Ministerio de Gobernación, institución a la que el mandatario quitó las facultades de intermediario civil de ley ante la Policía, en las reformas en 2007a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Respuesta a Chicón

La reacción de analista se da luego de que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, en entrevista a Canal 12 de Televisión, defendiera la posibilidad de que el presidente Ortega reelija en el cargo a Granera.

“Esa reforma de la Ley 228, dejó al Ministerio de Gobernación en otras funciones y a raíz de eso, la Policía, quién sabe con qué intención, empieza a repetir que el Presidente de la República es el jefe Supremo de la institución, pero ni la Constitución, ni la Ley 228, aun reformada, le da ese cargo al Presidente, a diferencia del Ejército donde sí se establece claramente quién es el jefe supremo”, refutó Cajina.