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El Movimiento contra el Abuso Sexual, MCAS, señaló que los magistrados que alegan atenuantes antojadizos para beneficiar al condenado por violación Farinton Reyes, cometieron el delito de prevaricado, por tanto exigen a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que se pronuncie rectificando el fallo y que este no sea referencia para jueces y abogados en los procesos judiciales por violación.

“La sentencia carece de base científica y jurídica. Sienta un precedente al ser emitido por la máxima autoridad de justicia de nuestro país, permitiendo a los abogados utilizar los mismos argumentos para defender a los abusadores sexuales. Además el consumo de alcohol no justifica ningún acto de violencia”, expresó Marvin Mayorga, quien forma parte del MCAS, cuya instancia analizó paso a paso los alegatos de los magistrados, dado que trasciende el caso del agresor Farinton y en general tiene implicaciones serias en los procesos de violencia sexual cometidos principalmente contra niñas y adolescentes.

Karla Nicaragua, asesora legal de la organización “Quincho Barrilete”, remarcó que los magistrados cayeron en el delito de prevaricato, al actuar contra las leyes y sin fundamentos jurídicos.

Según el Código Penal en los Delitos Contra La Administración de Justicia, en su Capítulo I Artículo 463, por el delito de Prevaricato se impondrá prisión de cinco a siete años e inhabilitación absoluta por el mismo período al Juez o Magistrado que incurra en alguna de las siguientes conductas: Que dicte resolución contra la Constitución Política de la República de Nicaragua o ley expresa, el que funde la resolución en un hecho falso, dice la ley.

De acuerdo con el análisis el Código Penal de Nicaragua no registra ningún tipo de atenuante por consumo de alcohol por tanto, aunque lo diga un magistrado de la CSJ, no puede es argumento para disminuir la responsabilidad de quien ha cometido un delito. Por otra parte, en el caso específico, no existe ningún examen de alcoholemia.

Así mismo el término “victima colaboradora” tampoco existe en la ley antes mencionada y por el contrario, con esto se culpabiliza a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas, eximiendo de su responsabilidad al victimario, generando mayor silencio en las personas que viven abuso sexual.

“Por tanto el MCAS culpabiliza al Estado nicaragüense y a la CSJ por sentar un precedente jurídico que tendrá repercusiones negativas en el acceso a la justicia, marca un retroceso en la atención integral a la problemática de la violencia sexual y contradice todas las convenciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por el Estado nicaragüense”, comentó Mayorga.

Lorna Norori, coordinadora del MCAS, exigió que los magistrados asuman una actitud ética y que no continúen colocando a las niñas, niños y adolescentes en mayor riesgo de vivir abuso sexual. “Las procuradoras especiales de la mujer, así también la de la niñez y adolescencia, demanden a la CSJ la aplicación efectiva de la ley”,  dijo Norori.

Para Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en Nicaragua prevalece la inmundicia de la impunidad y el aberrante fallo demuestra esto. “Estamos revisando el caso y con los elementos pertinentes aconsejaremos a la víctima Fátima Hernández que acuse por prevaricato a estos magistrados cuya política no respalda a las víctimas”, expresó Carmona.

Así mismo comentó sus sospechas de que cave la posibilidad que un fallo tan deplorable, en la víspera de una verificación electoral que resultó tan cuestionada, no sea más que una cortina de humo para desviar la atención. Esto sin importar al gobierno las graves implicaciones jurídicas que sacrifica a las víctimas de violencia sexual.