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“No se pueden imaginar el horror al conocer el fallo”, fue la expresión de Esther Mayer, investigadora para las Américas de Amnistía Internacional, AI, refiriéndose a la sentencia de la CSJ sobre el caso Fátima Hernández.

La delegación de alto nivel dejó en claro, además, su preocupación antes de partir del país, por no haber sido recibidos por el presidente Daniel Ortega, a quien tampoco le pudieron entregar varios fardos de cartas y legajos con firmas de 115 países, demandando el cese de abusos contra niñas y mujeres.

La visita de AI coincidió con el desenlace del caso de Fátima Hernández, cuando esta semana la CSJ emitió una resolución en la que Reyes resultó ser víctima de un “arrebato”, y la joven “cooperadora”, en un fallo que causó estupor en la sociedad.

De hecho, sucesos como el de Fátima forman parte de las situaciones por las cuales Nicaragua está posicionada a nivel mundial entre los países que han retrocedido en acciones concretas contra la violencia sexual contra la niñez, la mujer y las adolescentes.

Violación es tortura
“Nunca la culpa es de la víctima. La violación es una grave infracción contra los derechos humanos. Todos los juicios y valoraciones de derechos humanos reconocen que el dolor y sufrimiento causado por el acto de violación, son tan severos que constituyen tortura. Estas secuelas tienen una cara humana y en Nicaragua en la mayoría de los casos es la cara de una niña”, determinó Mayer, durante la conferencia de presa en que la delegación de AI presentó los resultados de su visita.

Esteban Beltrán, director de AI, dijo que los compromisos del actual gobierno contra la violencia sexual son insuficientes, y la actitud no fue satisfactoria, por lo cual se van de Nicaragua muy preocupados, teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de violencia sexual, no se observan indicios de reducción, y en los últimos cuatro años AI sólo han encontrado con el silencio.

Cartas burladas
“Nos reunimos con cuatro candidatos presidenciales y estos se comprometieron a expresar en sus planes de gobierno tomar acciones y crear un plan para combatir el problema. Sin embargo, con el único que no pudimos entrevistarnos fue con el presidente Ortega, que también es candidato, quien no nos dio respuesta”, dijo Beltrán, mostrando varios fardos de cartas y legajos con firmas de 115 países, dirigidas al mandatario.

“A Daniel Ortega: que nos protejan de las violaciones. Es malo lo que están haciendo, porque somos personas, no animales”, es el mensaje de una niña al presidente de la República, cuya carta forma parte de las poco más de 250 mil misivas que el mandatario no quiso recibir de la delegación de Amnistía Internacional.

Guadalupe Marengo, Directora Adjunta de las Américas de AI, dijo que a pesar de que el presidente no los atendió, sí lograron reunirse con varios funcionarios públicos, entre éstos las autoridades de Salud, de la Policía Nacional y de la CSJ.

“Todos ellos comunicaron que estaban abiertos al escrutinio internacional de aquellos que velan por los derechos humanos a nivel de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, sin embargo, no hubo un compromiso de extender una invitación abierta y permanente a todos los expertos en la materia. Tampoco se nos respondió la inclusión en su agenda electoral de un plan de acción de cero tolerancia de violencia contra las mujeres y las niñas”, expresó Marengo.

No será precedente
“Mientras tanto, en la CSJ fuimos recibidos por su Presidenta, magistrada Alba Luz Ramos, y por el doctor Marvin Aguilar, centrando la discusión de la reciente sentencia en el caso de Fátima Hernández, agredida por Farinton Reyes, e insistimos en que era totalmente inaceptable. Nos indicaron en la reunión que esta sentencia no sentará un precedente jurídico, y con beneplácito asistimos a la capacitación de jueces en materia de violencia de género. Esperamos que con estos esfuerzos se asegure que nunca más se vulnerará a niñas y mujeres con una sentencia como la reciente”, comentó Marengo.

La representante de AI aseguró que en la reunión con la primera comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía Nacional, ella les informó que había 59 Comisarías de la Mujer y estaban en proyecto 15 más, así también aseguró que la Policía Nacional garantizará el derecho a manifestarse pacíficamente a todos los sectores de la población.