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Nicaragua ocupa el tercer lugar en la región centroamericana, solo por debajo de Honduras y de Guatemala, en violaciones a los Derechos Laborales y Humanos, según el informe  de 2011 de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El análisis, en el que Nicaragua es ampliamente criticada, especifica que la Dirección General de Ingresos, DGI, es la entidad que registra la mayor tasa de despidos arbitrarios durante el inestable período de Walter Porras, mientras que el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, Pablo Fernando Martínez, es el funcionario con mayores señales de abuso de autoridad.

El documento indica que los trabajadores sindicalizados del sector público han enfrentado diversos abusos de autoridad, represalias, discriminación, despidos ilegales, suspensiones de forma ilegal, contrataciones ilegales con “megasalarios”, creación de nuevas plazas ilegales, promociones a cargos superiores de forma indebida, traslados de trabajadores de un área a otra, arbitrariamente, y desacato a las resoluciones administrativas y judiciales.

Al respecto, Álvaro Leiva Sánchez, Delegado de Derechos Humanos de la Confederación de Unidad Sindical (CUS) ante la Confederación Sindical de las Américas (CSA), afiliada a la CSI, comentó que el reconocimiento internacional de lo que ellos han venido denunciando sistemáticamente, es un logro.

Según las últimas cifras brindadas por la organización, hasta ahora hay un total de 21,000 trabajadores públicos despedidos junto a 128 organizaciones sindicales descabezadas.

En el informe también se hizo alusión a la violación de sentencias judiciales de reintegro y pago de prestaciones sociales que continúan siendo ignoradas en las 52 instituciones públicas del Estado.

Organismos de Derechos Humanos preocupados
El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, Marcos Carmona, afirmó que el informe de la CSI es una radiografía fiel de la situación que viven los trabajadores del sector público, y un llamado que apela a la “cordura y a la sensatez”.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, respaldó los datos brindados por la CSI, y aseguró que el sector público se encuentra ampliamente desprotegido en nuestro país.

Comisión de Justicia CSI
El diputado José Pallais Arana, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, opinó que esto refleja una política donde el que no se pliega a los intereses del partido gobernante es objeto de las peores represalias, y aseguró que es signo de un país donde las arbitrariedades son la norma.

También lamentó que las instancias nacionales mantengan sus oídos sordos ante las constantes denuncias del sector público, pero invitó a hacer eco de sus protestas a través de instancias internacionales.