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Las amenazas contra Fátima Hernández, y la impunidad de quienes las efectúan, no es más que el reflejo de la poca importancia que las autoridades policiales ponen a la prevención de la violencia contra la mujer, según organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres.

Juanita Jiménez, en representación del Movimiento Autónomo de Mujeres, comentó que el acoso y amenazas ya se sabe de dónde vienen, pero el problema se torna más grave cuando es de personas vinculadas o conectadas con el poder, y hablan de dañar su integridad física. Algo que fue denunciado por Fátima en su momento, sin obtener una respuesta.

“Ella habló de esto en su conferencia, pero desde hace mucho la vienen amenazando con la idea que cesara sus lucha y que su caso no siguiera en la palestra pública. Este problema no se aleja de otras situaciones en general, dada la falta de protección de las autoridades policiales, y la complacencia del sistema judicial ante los agresores sexuales”, alegó Jiménez.

Indicó que una denuncia de esta naturaleza, en un caso que estuvo en la palestra pública e implicó el seguimiento de las organizaciones de derechos humanos y en defensa de los derechos de la mujer, debería haber sido atendida de oficio, pero ni así las autoridades tienen actuación, y, como siempre, solo esperan a que la víctima haga la denuncia.

“Nada es circunstancial. De todo el actuar institucional, la sociedad tiene un referente negativo. Hay este tipo de actitud constante por parte de los funcionarios públicos, teniendo como muestra al primer ciudadano del país y su atropello al estado de derecho y a las leyes, dejando licencia para agredir y para violar”, dijo Jiménez.

Por su parte, Karla Sequeira, Directora del Departamento de Asesoría Legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, dijo que el Estado de Nicaragua está constitucionalmente obligado a dar protección a sus ciudadanos, algo que en el caso de la integridad de la mujer existen compromisos  internacionales.

“Mantenemos que por su actuar, el Poder Judicial demuestra ser sexista y machista. No está previniendo el delito con la protección de la agredida. Tenemos diversos casos de esos, en los cuales los agresores se pasan burlando de sus víctimas en la puerta de su casa, sin que nadie haga nada. Más bien, cuando las mujeres agredidas llegan a poner la denuncia, el cuestionamiento de las autoridades terminan revictimizando a la denunciante e incluso culpabilizándola”, asegura la licenciada Sequeira.