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La batalla campal en San Fernando, Nueva Segovia, el surgimiento de un grupo opositor al gobierno denominado “Comandos Patrióticos Nicaragüenses”, la falta de entregas de cédulas, el dominio de los partidarios gubernamentales en las mesas de verificación para las votaciones y la reciente impugnación de candidatos fuera del calendario electoral, es el caldo de cultivo para una explosión social, lo cual organizaciones de derechos humanos repudian y responsabilizan al Consejo Supremo Electoral, CSE.

Denis Darce, director de proyectos y capacitación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, señaló que las razones de haberse iniciado la violencia tienen su lógica con las arbitrariedades cometidas por la misma institución encargada de la organización del proceso. Situaciones que restan credibilidad a las elecciones presidenciales de noviembre y que podrían provocar conflictos más graves.

“Escenarios como las inhibiciones son sólo un elemento, comencemos con un CSE de facto y la reelección ilegal del presidente Daniel Ortega”, expresó Darce.

Por su parte la doctora Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, es lamentable que el CSE no respete el calendario electoral establecido por ellos mismos.

“Esta es una situación explosiva por las anomalías que se han presentado. El CSE, encargado de organizar las elecciones y hacer las regulaciones correspondientes es el responsable de lo que ocurra”, expresó. En ese contexto el caso de las inhibiciones esto se podría considerar más bien una distracción del CSE para que los partidos de oposición se desgasten en legalismos y desequilibren en sus campañas electorales que inician el 20 de agosto.

Así mismo la directora del Cenidh recalcó que incluso el colmo es la propaganda electoral permanente del partido de gobierno, donde hay un descontrol en el uso y abuso de los fondos, con un partido de gobierno que utiliza a sus medios oficialistas –dirigidos por sus hijos- para su campaña.

Mientras tanto Darce señala: “Uno se despierta y desde que salís a la calle te encontrás con una serie de violaciones a las leyes electorales”, dijo refiriéndose al abuso de los bienes del Estado, y a pesar de las quejas públicas, ningún partido de estos, autollamados de oposición, ha puesto una denuncia ante la Fiscalía Electoral. Instancia que se dice incapaz de actuar de oficio.

“Más bien se encuentran en luchas internas o en pugnas con partidos contrarios con el fin de obtener mejores réditos. Sucede que no están interesados en compromisos con los derechos humanos, ni con la inversión en la niñez, ni en la seguridad ciudadana. Ninguno de ellos habla de esto en sus discursos. Sólo están interesados en conseguir una diputación”, alega.

Según su análisis, la fiesta cívica electoral que es un ejercicio de la democracia, pero cada vez más está convirtiéndose en un elemento de conflicto violento, donde los candidatos se lavan las manos diciendo que las confrontaciones no son su responsabilidad, cuando si lo es, porque son su plataforma electoral.

Indicó que el problema creciente debe ser una alerta y tanto las instituciones involucradas, como los partidos políticos. Recomendó que tienen que respetar las leyes electorales para corregir el rumbo de los comicios, deben moderar sus acciones, controlar a sus afiliados y evitar la violencia.