•  |
  •  |

El ejercicio del periodismo en Nicaragua se ha convertido en la última década en un oficio riesgoso. Pese a que aún no hemos llegado a los niveles de México, Colombia, Honduras o Venezuela, las organizaciones gremiales nacionales e internacionales han alertado sobre los niveles de violencia contra medios y periodistas.

Los ejemplos abundan, pero el caso más emblemático es el de la periodista María José Bravo, asesinada la tarde del 26 de noviembre de 2004 mientras cubría una protesta fuera del centro electoral en Juigalpa. Su asesino: el exalcalde de El Ayote, Eugenio Hernández, militante del PLC y exmiembro de la Resistencia Nicaragüense.

La violencia política contra los periodistas ha sido constante en el último quinquenio. Silvia González, corresponsal de este diario en Jinotega, denunció recientemente que sujetos ligados al partido de gobierno están amenazándola y le envían recados intimidatorios a través de su pequeña hija.

El caso del colega esteliano Adolfo Olivas fue diferente. Olivas fue asesinado de dos balazos el 14 de agosto de 2005, y aunque su crimen parecía rutinario, los periodistas de Estelí aducen que se debió a las investigaciones sobre la expansión del crimen organizado en ese departamento.

Acuchillado en marcha política
Entre las múltiples situaciones de violencia que han enfrentado los periodistas durante los últimos comicios, resalta la de Iván Olivares, redactor del semanario Confidencial, a quien partidarios sandinistas hirieron en el abdomen para evitar que diera cobertura a una marcha de opositores.

Desde la Administración del presidente Enrique Bolaños se han cerrado emisoras por razones estrictamente político-partidarias. Tal es el caso de Radio La Poderosa, a la que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) le canceló la frecuencia por estar ligada a Arnoldo Alemán.

En 2009, usando los mismos mecanismos, el gobierno del presidente Daniel Ortega mandó a cerrar la radioemisora de Sébaco La Ley, propiedad del opositor Santiago Aburto. Según este último, 30 civiles armados que se identificaron como trabajadores del Estado, confiscaron todos los equipos de la radio.

En noviembre de 2008, personas encapuchadas destruyeron los estudios de la Radio Darío, en León. Según los trabajadores testigos, a las seis de la mañana del 18 de ese mes, al menos 40 hombres encapuchados llegaron, y con armas de fuego amenazaron con quemar la estación de radio.

A inicios de este año, el periodista Luis Galeano recibió amenazas por teléfono y por correo tras la publicación de una serie de reportajes que develaron malos manejos en el Consejo Supremo Electoral, CSE.