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Los gremios de periodistas nicaragüenses por separado, alzaron ayer su voz para repudiar las amenazas de muerte que ha recibido la corresponsal de EL NUEVO DIARIO en Jinotega, Silvia González, por parte de una persona que ella misma identificó como activista del partido de gobierno. 

La Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, protestó públicamente por las amenazas contra González, mientras, la Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, está siguiendo “con preocupación” las denuncias de la colega jinotegana.

En un comunicado firmado por el presidente de la APN, Gustavo Bermúdez, esta organización responsabilizó principalmente al gobierno y a los activistas del partido de gobierno por cualquier daño que sufra González o algún miembro de su familia.

“Hacemos un llamado a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, para que dé la debida protección a Silvia González e investiguen a los que están intimidando y amenazando a la periodista solo por el hecho de publicar noticias políticas de la localidad”, agregó.

Silvia González denunció recientemente que sujetos ligados al partido de gobierno están amenazándola y le envían recados intimidatorios a través de su pequeña hija. El viernes puso la denuncia ante las asociaciones de Derechos Humanos.

“Seguimos con preocupación las denuncias de la colega. A mí como presidente de la UPN me preocupa y me gustaría instarla a que haga la denuncia correspondiente en la Fiscalía”, expresó el presidente de la UPN, Roberto Larios.

Larios llamó a los partidos políticos, Organizaciones No Gubernamentales, medios de comunicación y asociaciones defensoras de los derechos humanos a no dejarse apasionar por el clima electoral. “No está de más recomendarle a los colegas mantenerse dentro del profesionalismo, (y decirles que) no actúen como agentes políticos directos porque para eso están los políticos”, indicó.

 

Periodistas se solidarizan

El corresponsal de Nueva Segovia, Leoncio Vanegas, recordó que en años anteriores, periodistas de esa localidad han sufrido agresiones verbales y amenazas de incendios. Tal es el caso de Marvin (Pepe) Zelaya, de Jalapa, quien publicó información sobre algunos actos de corrupción que, incluso,  fueron documentados por la propia Contraloría General de la República, CGR.

“Considero que tales intentos de segarle la vida a Silvia y las demás amenazas que sufren otros comunicadores de otros medios, son estimulados por una política de intolerancia de parte de fanáticos de partidos políticos, incluida las burdas declaraciones de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Vanegas.

Martha Celia Hernández, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Nicaragua, exigió respeto para los periodistas, pues consideró que “no estamos en una sociedad atrasada y  cualquier agresión hacia el sector debe de ser condenada por todos”.

“Sin duda que estos son los primeros efectos de la campaña electoral. Tratan de bloquear la libertad de expresión y de prensa, y se corre el peligro de que sea más tensionada la situación en los próximos meses” dijo por su parte Juanita Villarreina, vicecoordinadora de la Fundación Entre Mujeres, de Estelí.

El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Nicaragua en Estelí, Nadir Ismael Espinoza, expresó que los ataques como el sufrido por un grupo de periodistas el pasado 16 de febrero en Estelí, y las amenazas contra González, deben de preocupar no solo al sector sino a toda la sociedad civil.

Varios periodistas matagalpinos también repudiaron las amenazas contra González.

Argentina Olivas Cano, Directora de Radio Vos de Matagalpa, manifestó que está al lado de la colega jinotegana, “porque la forma cobarde con la han amenazado principalmente la vida de sus hijos, deja mucho que desear. Hoy es Silvia, mañana puede ser cualquier otro periodista de cualquier departamento del país”, expresó.

En el comunicado de la APN también se refirieron al “exagerado uso de la fuerza de parte de agentes de la Policía” en contra de editor jefe del diario La Prensa Eduardo Enríquez, quien tuvo un incidente el pasado 1 de agosto con escoltas del presidente del Poder Electoral y magistrado de facto, Roberto Rivas.

 

(Con la colaboración de Francisco Mendoza y Leoncio Vanegas)