•  |
  •  |

No existen datos oficiales sobre la cantidad de estudiantes con discapacidad que tienen acceso a la Educación Superior en el país. “Mínima”, es la respuesta que mejor recrea la realidad.

Un sondeo rápido lo explica todo: cuatro o cinco en la Universidad Centroamericana, dos en la Universidad Nacional Agraria, unos quince en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de los cuales ocho son becados internos, y así sigue la lista que a cuentagotas refleja la mala nota de nuestras universidades beneficiarias del 6% constitucional, en materia de Educación Inclusiva.   

Thalía Dixon, Directora del Programa de Educación Inclusiva de Los Pipitos, reconoce “voluntad y disposición” de las autoridades universitarias para adoptar una visión inclusiva, pero se trata de esfuerzos particulares que hacen ver la necesidad de políticas institucionales que guíen a las universidades en el establecimiento de condiciones “óptimas” y no mínimas, para atender a personas con discapacidad, y más allá de lo estructural o barreras física. Dixon hace hincapié en lo pedagógico.

“Hay iniciativa y voluntad con proceso a paso de hormiga”, apunta.
Se refiere a la necesaria capacitación docente en el tema, y a la adaptación de los planes de estudio desde lo inclusivo, que haga la educación más accesible, más flexible, de mejor calidad y pertinencia para las personas con discapacidad.

Y en esta apuesta, según Dixon, no solo gana la población con discapacidad. “Si hubiera condiciones y promoción hacia el sector, tendríamos más personas con discapacidad en las universidades, y eso sería un salto gigante para el país en cuanto a desarrollo humano”, afirma.

Para esta experta, las universidades no están cumpliendo con el enfoque democrático que debe tener la educación. “Deben responder a las demandas de la sociedad, especialmente, a las de los grupos vulnerables”, indica.

Y aclara: “No estamos pidiendo nada que no está establecido como parte del funcionamiento de la Educación Superior… Queremos educación no por privilegio, sino por derecho…; no es favor”, enfatiza.

Menos del 1% accede a la educación
Rosa Salgado, Procuradora Especial para la Discapacidad, reconoce al sector universitario como el que mayor deuda tiene con la población con discapacidad.

Apenas el 1% de las 500,000 personas que padecen algún tipo de discapacidad en el país, tienen acceso a la educación, señaló la Fiscalización sobre el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad a la Educación Inclusiva, presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en junio pasado.

“En el caso de las universidades, la atención es realmente limitada”, dice Salgado, coincidiendo en que se deben crear políticas que integren.
Ella lo ve como una tarea que reta tanto al gobierno como a las universidades. “Deben ser más abiertas”, opina.

Universidades “sí, pero no…”

Por experiencia, Salgado dice en las universidades impera el “sí, pero no…”. Se refiere a que no se le impide optar a quien padece alguna discapacidad, pero tampoco --excepto rampas-- a estas personas se les garantiza ambientes y metodologías que faciliten su permanencia en las aulas.

A su juicio, son las barreras arquitectónicas las que desmotivan y representan un esfuerzo supremo para quien aspira a graduarse en una universidad.
Actualmente, las universidades que reciben fondos del Estado atienden a unos 100 mil estudiantes, las estadísticas del Consejo Nacional de Universidades no reflejan qué porcentaje corresponde a personas con discapacidad.