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Nicaragua avanza a pasos agigantados en el acceso a la justicia para la niñez y para la adolescencia víctima de violencia sexual e intrafamiliar, VIF, ya que en la atención a estos delitos aumentó el 72% la efectividad policial, según el último informe de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.

Francisco Javier Lola, Coordinador del Departamento de Fiscalización de la PDDH, dijo que el objetivo del estudio es conocer cómo las instituciones públicas han cumplido con las recomendaciones de PDDH, y la información se obtuvo de las fuentes primarias, o sea, por cuestionarios dados a los funcionarios de las mismas instituciones valoradas.

La fiscalización cubrió a 10 departamentos del país, destacando Managua, Matagalpa, Bluefields y Rivas, donde hay mayores índices de violencia sexual e intrafamiliar.

Así, “como resultado de la efectividad policial para la resolución de los casos de violencia intrafamiliar y sexual, a nivel nacional, en 2010 ha aumentado a un 72%, en comparación con el 48% logrado en 2009. Además, hay un 78% de casos resueltos enviados al Ministerio Público, y un 67% de casos resueltos enviados al judicial”, dicta el informe.

La otra versión
Esto se contrapone al informe de acceso a la justicia 2010, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, donde la retardación de justicia y la corrupción en el sistema de justicia es considerado uno de los grandes problemas, con una percepción es del 39.1% en 2010. Además, 62.4% de la población tiene poca o ninguna confianza en la capacidad de atención de la Policía Nacional, cuando se llega a interponer una denuncia.

A pesar de esto, Lola destaca que los avances logrados por las instituciones, son producto de la sensibilización, capacitación, acompañamiento técnico jurídico de la Fiscalía, las coordinaciones interinstitucionales y la experiencia vivencial a través de los años.

También especifica que las coordinaciones realizadas son variadas y no se han regido por una política intersectorial de atención integral a la niñez y a la adolescencia. En cuanto al fortalecimiento de las delegaciones departamentales, no hay nuevas oficinas ni remodeladas. Aunque el Ministerio Público se ha fortalecido con diez unidades de género y tres oficinas de atención a la víctima con personal especializado, estas siguen dependiendo del poco presupuesto, que no cubre todas las necesidades.

Por otra parte, no hay normativas específicas para sancionar a los operarios de justicia que revictimicen o violen el acceso a la justicia, en caso de delitos sexuales contra niños y adolescentes, sino que se rigen desde sus propias disposiciones administrativas.

En el caso del Ministerio de la Familia, esta institución sigue sin ejecutar un plan de articulación con las instituciones para enfrentar los delitos sexuales contra niños y adolescentes, porque no tiene la capacidad de recursos financieros, materiales y humanos.

Solo en Rivas se conoce de un plan de articulación local, y está dirigido a combatir la explotación sexual comercial contra la niñez y la adolescencia; en el resto del país no han realizado ninguna articulación concreta, lo que hay son planes pequeños cuyo impacto depende de sus capacidades.