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Un acuerdo de entendimiento parcial no detallado, que incluye una propuesta de ley también no conocida y que excluye los problemáticos desvíos tarifarios, es lo que ayer firmaron las autoridades de Gobierno y los altos ejecutivos de Unión Fenosa, quienes se declararon “satisfechos” de suscribir este documento, anunciando un nuevo programa de inversiones de la empresa.
Con la presencia de David Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el acuerdo denominado “Avance del Protocolo de Entendimiento” fue rubricado por el Consejero Delegado y Vicepresidente de Unión Fenosa Internacional, Honorato López Isla; el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Emilio Rappaccioli y Danilo Lacayo Rappaccioli, presidente de Unión Fenosa Nicaragua.
Se completó la firma en el Ministerio de Energía y luego se delegó al titular de esta cartera para que explicara en detalles el contenido. Rappaccioli precisó de entrada que esta firma “no incluye de ninguna manera los desvíos tarifarios”, es decir, el impacto que recibe el sector energético por las continuas alzas en el precio internacional del petróleo, que es el origen de la actual crisis.
“Las tarifas correspondientes”
El alto funcionario de Fenosa Internacional, Honorato López Isla, lo dijo de otra forma: “Ahora estamos pendientes de que el déficit tarifario se asuma con la colaboración de todos, y sobre todo cómo dejar establecido un procedimiento de manera que los costos de la energía se trasladen de la forma adecuada a la tarifa correspondiente”.
Un trabalenguas
Rappaccioli no mostró el documento, pero se deshizo en explicaciones citando los acápites del mismo y sin referirse a nada concreto. Por ejemplo, dijo que hay acuerdos sobre el punto tres y cuatro, pero todavía el cinco está en discusión, y no hay consenso respecto de los anexos; algo que dejó confundidos a muchos periodistas.
No obstante, fue claro y directo al señalar que este acuerdo deja firme y en consenso sólo dos puntos: la propuesta de ley antifraude y las inversiones programadas por Fenosa.
El ministro detalló que se trata del anteproyecto de Ley de Protección y Promoción del Uso Responsable de los Servicios Públicos, que fue discutida hace dos semanas por una comisión mixta compuesta por abogados de Fenosa y el Gobierno, pero tampoco quiso revelar detalles o proporcionar una copia de la misma.
Se conoció que esta propuesta de ley será enviada en los próximos días por el presidente Daniel Ortega a la Secretaría de la Asamblea Nacional, y contempla acciones conjuntas de Fenosa y la Policía Nacional, para lograr entrar en viviendas y negocios a fin de desmantelar supuestas conexiones ilegales.
Similar a lo aprobado en Código Penal
Los funcionarios sólo dijeron que está basada en los artículos que se contemplaron en el Código Penal, donde se establece cárcel y multa de hasta tres salarios mínimos del sector industrial, para las personas que sean encontradas conectadas ilegalmente al servicio de energía eléctrica.
Aseguran que sólo afectará a los grandes consumidores de energía y sólo excluyeron a los asentamientos, a los que brindarán un trato especial mediante un plan que esperan presentar en las próximas semanas.
El otro consenso es que Fenosa deberá invertir por lo menos 40 millones de dólares en los próximos años, con el fin de mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas por fraudes. No obstante, esta obligación contemplada en su contrato de concesión, está condicionada por la aprobación de la ley antifraude. Los directivos de Fenosa ayer evitaron brindar delaciones respecto a esta firma pero divulgaron una nota de prensa donde aseguran que sus distribuidoras Disnorte y Dissur “se encuentran satisfechas de haber superado diferencias en varios aspectos relacionados con el servicio de energía eléctrica, lo que sin duda redundará en la optimización de la eficiencia energética y mejoras en los ámbitos comerciales de atención a nuestros clientes”.
Compromisos mutuos
“Fenosa ratifica su interés de mantener sus inversiones en el país, y el Gobierno de Nicaragua de cumplir el marco legal que lo compromete a crear condiciones para garantizar la suficiencia financiera del sector energético nicaragüense”, agregan. Confirman el consenso respecto de la Ley Antifraude, las inversiones y el interés de “continuar desarrollando reuniones de trabajo durante las próximas semanas, para llegar a un consenso final sobre otros aspectos relacionados con la mejoría del servicio y la suficiencia financiera del sector eléctrico”.
Nadie quiso referirse a lo que pasará de ahora en adelante con el proceso de arbitraje que inició el INE a Fenosa, y mucho menos el cobro de 53 millones de dólares que ejecuta la transnacional española al Estado de Nicaragua, mediante su seguro contratado con una agencia del Banco Mundial denominada MIGA por sus siglas en inglés.
Sólo el más alto de todos los funcionarios de Fenosa, Honorato López Islas, se refirió a este último caso. “El proceso del MIGA es un seguro, no es nada contra nadie. Es igual que si usted tiene una casa y tiene un seguro para un incendio, si se incendia la casa (usted) pide al seguro que la pague”, señaló. “Nosotros esperamos con este entendimiento que no haya incendio, pero es lógico que sigamos manteniendo el seguro, aunque creo que afortunadamente no habrá fuego”, relató López Isla.