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El Reglamento de Observación Electoral que emitió ayer el Consejo Supremo Electoral, CSE, puntualiza una serie de procedimientos para que los miembros de organizaciones internacionales puedan acreditarse como “acompañantes o visitantes extranjeros”, pero también establece limitaciones a la movilización de los “acompañantes” nacionales.

El término “acompañantes” (nacionales e internacionales), finalmente, es lo que predomina en este reglamento elaborado por los magistrados de factos del CSE, violentando el artículo 10, inciso 8, de la Ley Electoral 331, el cual explica que el CSE tiene entre sus atribuciones “reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”, y en ningún lugar aparece el término de “acompañantes o visitantes extranjeros”.

Además, el documento condiciona la categoría de “acompañantes o visitantes extranjeros”, a “quienes pertenezcan a un organismo internacional y hayan hecho sus trámites de solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua”, como única forma de participar en el proceso, según indica el artículo 6 de dicho reglamento.

En ese sentido, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, considera que “más que un reglamento para facilitar la observación”, es un reglamento que “prohíbe de hecho la observación electoral”. 

 

Solo si “autoriza” el CSE se podrán movilizar los “acompañantes”

Según las observaciones del Ipade, el reglamento establece por primera vez la facultad del CSE de determinar el número de observadores, pero, además, que solo el CSE puede “autorizar” la movilización de los “acompañantes” nacionales e internacionales, de acuerdo con “las diferentes rutas de movilización”, indica el artículo 20 del documento.

“La ruta designada implica que el CSE determina dónde observar y qué observar, y no contiene las prerrogativas y facultades de la observación nacional e internacional, que todo reglamento anterior establecía en Nicaragua, hasta antes de la publicación del actual”, manifiestan entre sus observaciones los miembros del Ipade. 

 

Más limitaciones

Además, este reglamento no contempla, por primera vez en 21 años, los derechos y prerrogativas de los observadores, y, según el Ipade, al omitirlos prohíbe la libre circulación y movilización en el territorio nacional; libre comunicación con todos los partidos políticos y alianzas de partidos; acceso a las Juntas Receptoras de Votos, JRV, para observar su constitución, apertura, padrón electoral, votación, escrutinio, garantías, y acceso a Centros de Cómputos, entre otras restricciones.

El manual también omite las garantías que internacionalmente están consagradas en diferentes instrumentos para las misiones de observación electoral, como la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, de Naciones Unidas, y suscrito por la Unión Europea, OEA, y los principales organismos de observación del mundo.