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El Secretario de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de la Federación Democrática de Trabajadores de Servicio Público Fedetrasep, Álvaro Leiva, manifestó ayer que la próxima semana estarán solicitando de manera formal a la Contraloría General de la República CGR, abrir un proceso de auditoría en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, para fiscalizar la ejecución presupuestaria que hasta la fecha lleva la institución.

Leiva señaló ayer que en este ministerio se han dado una serie de anomalías y supuestos actos de corrupción, que se han venido desarrollando a lo largo de cuatro años, que involucran a funcionarios públicos, trabajadores y transportistas, que aparentemente han quedado sin investigarse.

Leiva destacó los casos de pago de coimas que exigían los trabajadores de las básculas a los transportistas, dos denuncias que interpuso la Fedetrasep, por el supuesto cierre ilegal de los puestos de control de carga a nivel nacional, y daños a la infraestructura vial, son aspectos que se insistirá se investiguen.

“Desde 2008 nosotros promovimos una auditoría interna en el MTI, con la Contraloría General de la República, pero nunca ha procedido. Creemos que estos casos se deben investigar para verificar si, efectivamente, hubo actos administrativos inadecuados en esta institución. Nosotros logramos determinar que había funcionarios que obtenían beneficios económicos adicionales para financiamiento de eventos, prohibidos por la ley, a cambio de favores, como emisión de licencias para permisos de operación en el área de transporte acuático, por ejemplo”, destacó Leiva.

Por su parte, el ministro de Transporte, Fernando Martínez, dijo ayer en el Canal 13 que la población era el principal fiscalizador del trabajo que viene haciendo la institución, que por año viene ejecutando proyectos que traen beneficios a comunidades muy pobres.

Cerraron puestos de control de carga
Leiva recordó que para diciembre de 2010 y abril de 2011, el ministro de Transporte, Pablo Fernando Martínez, decidió cerrar los puestos de control de carga del transporte terrestre, cuando ordenó mandar de vacaciones a los operadores de básculas.

Indicó que esta situación dejó como consecuencias pérdidas al Estado nicaragüense y al propio  MTI, porque se dejó de percibir recursos que llegan a los 18 millones de córdobas.