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Luego que el presidente Daniel Ortega anunciará que el consorcio brasileño Andrade-Gutiérrez realizara estudios de viabilidad y factibilidad del mega proyecto del puerto de aguas profundas Monkey Point, las autoridades territoriales de esa comunidad dijeron desconocer las intenciones del supuesto estudio.

“Ellos (el gobierno), no nos han llamado, no nos han informado ni preguntado nada al respecto, lo que conocemos es lo que dicen los medios de comunicación sobre los estudios de exploración en la zona”, dijo Pearl Watson, primera secretaria del gobierno territorial Rama y Kriol, (GTRK) de la Región Autónoma Atlántico Sur, afirmando que la comunidad no se opone al desarrollo siempre y cuando sean partícipes del proyecto.

Watson argumenta que en los últimos días las autoridades territoriales sostuvieron dos reuniones con representantes del gobierno y de las instituciones involucradas, pero en ninguna se les notificó sobre el anuncio realizado por el presidente, “nos reunimos con Johnny Hodgson (secretario del Frente Sandinista en la RAAS) y Ramón Canales de la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe (SDC) y ellos los que nos solicitaban es permiso para visitar la zona y conocer sobre la profundidad entre otras aspectos”, señala Watson.

Demandas
Sin embargo, Watson manifiesta que al concluir el encuentro las autoridades territoriales solicitaron el cumplimiento de tres acuerdos con el gobierno central con la comunidad: uno es el caso de la posición de la pista de aterrizaje de Graytown (ubicado en el territorio Rama- Kriol) que el gobierno alega como tierra estatal, otro es destrabar el título de propiedad del territorio que permanece custodiado desde hace dos años, después de un reclamo de amparo realizado por los pobladores mestizos de Kukra River.

También, según la denunciante, se puso como condicionante apoyar a la población de la comunidad en materia de salud, educación y producción, además de resolver el conflicto legal que interpuso el capitán de fragata Ángel Fonseca Donaire, jefe de la fuerza naval de la RAAS en contra del líder comunitario de Monkey Point, Allen Clair Duncan, acusado por injurias y calumnias, luego que éste solicitara investigación sobre supuestas violaciones de algunos miembros en contra de menores.

Dollene Miller, del gobierno Kriol de Bluefields, dice que se quedó atónita viendo como el presidente anunciaba con bombos y platillos la adjudicación del estudio al consorcio brasileño Andrade-Gutiérrez, “aquí el gobierno no ha consultado a nadie, no se a consultado ni al gobierno regional ni a las autoridades territoriales, antes de tomar cualquier decisión se debe ordenar y demarcara nuestros territorios, el presidente debe dejar sin efecto el decreto 15 – 2011, que serciona los municipios El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, violatorio a la ley de Autonomía y la ley de Municipios” dice Miller.

Que dice la ley
El Capítulo 6 de la ley 445 o ley del Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y  comunidades étnicas de las  Regiones Autónomas de la Costa  Atlántica de Nicaragua y de los  Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, dice en el artículo 15: los Consejos Regionales Autónomos y Gobiernos Regionales Autónomos deberán respetar los derechos de propiedad, que las comunidades indígenas y étnicas ubicadas dentro de su jurisdicción, tienen sobre sus tierras comunales y sobre los recursos naturales que en ellas se encuentran.

Arto. 16. En los casos de otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional de los recursos del subsuelo por parte del estado en tierras de las comunidades indígenas y étnicas, el Consejo Regional correspondiente emitirá la resolución previa consulta a las comunidades en cuyas tierras se encuentren ubicados los recursos naturales. Las comunidades, como resultado de la consulta, deberán responder positiva o negativamente a la solicitud del Consejo Regional Autónomo.

Negociación con la comunidad
El otorgamiento de la concesión o del contrato de aprovechamiento, el Consejo Regional deberá iniciar un proceso de negociación con la comunidad. En el proceso de negociación las comunidades estarán representadas por sus autoridades tradicionales las que serán asistidas por asesores técnicos elegidos por ellas mismas.

En todo caso la negociación del Consejo Regional deberá prever la indemnización por eventuales daños a la comunidad, sin perjuicio de su participación en el proyecto; y en ningún caso se contemplara el desplazamiento o traslado de la comunidad.  En cada uno de estos procedimientos y con el fin de ofrecer una mayor protección a los recursos naturales, el Gobierno Central tendrá participación directa para favorecer a las comunidades en sus negociaciones.