•   Bluefields  |
  •  |
  •  |

Luego que el presidente Ortega anunciara que el consorcio brasileño Andrade-Gutiérrez realizará estudios de viabilidad y factibilidad del megaproyecto del puerto de aguas profundas Monkey Point, las autoridades territoriales de esa comunidad dijeron desconocer sobre el proyecto.

“Ellos (el gobierno) no nos han informado ni preguntado nada, lo que conocemos es lo que dicen los medios de comunicación sobre los estudios de exploración en la zona”, dijo Pearl Watson, primera secretaria del gobierno territorial Rama y Kriol (GTRK), de la Región Autónoma Atlántico Sur, afirmando que la comunidad no se opone al desarrollo siempre y cuando sean partícipes del proyecto.

Argumenta que en los últimos días las autoridades territoriales sostuvieron dos reuniones con representantes del gobierno y de las instituciones involucradas, pero en ninguna se les notificó sobre el anuncio realizado por el presidente. “Nos reunimos con Johnny Hodgson (Secretario del Frente Sandinista en la RAAS) y con Ramón Canales, de la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe (SDC), y ellos lo que nos solicitaban eran permisos para visitar la zona y conocer sobre la profundidad”, señala Watson.

Dollene Miller, del Gobierno Kriol de Bluefields, dice que se quedó atónita viendo cómo el presidente anunciaba con bombos y platillos la adjudicación del estudio al consorcio brasileño Andrade-Gutiérrez. “Aquí el gobierno no ha consultado a nadie”, indicó.

Qué dice la ley
El Capítulo 6 de la Ley 445 o Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa  Atlántica de Nicaragua, y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, dice en el artículo 15: “Los Consejos Regionales Autónomos y Gobiernos Regionales Autónomos deberán respetar los derechos de propiedad que las comunidades indígenas y étnicas ubicadas dentro de su jurisdicción, tienen sobre sus tierras comunales y sobre los recursos naturales que en ellas se encuentran”.

Art. 16. “En los casos de otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional de los recursos del subsuelo por parte del Estado en tierras de las comunidades indígenas y étnicas, el Consejo Regional correspondiente emitirá la resolución, previa consulta a las comunidades en cuyas tierras se encuentren ubicados los recursos naturales. Las comunidades, como resultado de la consulta, deberán responder positiva o negativamente a la solicitud del Consejo Regional Autónomo.