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Gilberto Artola Delgadillo, esposo de la señora Villanueva Delgadillo Obando, asesinada en marzo pasado, fue ejecutado por hombres armados que llegaron a su finca Buena Vista, en la comunidad “Jacinto Baca”, en Nueva Guinea.
Fuentes de la Policía del lugar confirmaron el crimen, y detallaron que un equipo de investigadores encabezado por el jefe de Auxilio Judicial, teniente Joaquín Gutiérrez, se encontraba en el lugar de los hechos realizando las investigaciones correspondientes.
Artola Delgadillo era el padre de tres jóvenes capturados por la Policía de Nueva Guinea, que fueron sometidos a torturas colgándolos de los testículos, para obligarlos a confesar su participación en una banda de abigeos, según denuncia de sus familiares.
Bayardo Izabá, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, relató que promotores de derechos humanos de Nueva Guinea también confirmaron el asesinato de Artola Delgadillo.
“Se encontraba ordeñando sus vacas cuando dos hombres llegaron y lo asesinaron”, relató Izabá, quien calificó el crimen como una ejecución sumaria. Con el crimen de Artola Delgadillo son ya dos miembros de la misma familia asesinados en iguales circunstancias y por dos hombres armados con fusiles AK.
Situación es muy grave
El asesinato de la señora Villanueva Delgadillo Obando ocurrió el 20 de marzo pasado, cuando en compañía de una hija y de un vecino, se dirigía a tomar un vehículo de transporte colectivo para viajar a Nueva Guinea, donde participaría en un jurado contra varios de sus hijos, acusados de pertenecer a una banda de abigeos.
“Para nosotros esta situación es delicada y muy grave”, afirmó Izabá, quien detalló que una vez conocieron del crimen, pidieron una reunión con la directora de la Policía, Aminta Granera.
Debido a que Granera está fuera del país, la delegación del Cenidh fue recibida por el comisionado general Carlos Palacios, a quien comunicaron la situación de Nueva Guinea. “La Policía tomó una decisión acertada y es que mandó un equipo de Auxilio Judicial Nacional a investigar, pero éste será acompañado por otro equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos encabezado por el abogado Denis Báez, delegado en Chontales.
Izabá recordó que el Cenidh tiene documentadas, desde hace dos años, las ejecuciones con armas de guerra de ocho personas a quienes se responsabilizaba de ser autoras del delito de abigeato. “Públicamente hicimos las gestiones ante la Policía y consideramos que tienen que hacer esfuerzos superiores para esclarecer estos asesinatos”, dijo el director ejecutivo del Cenidh.
Sin mayores datos
El policía Carlos Martínez, quien se encontraba ayer encargado del Puesto de Mando de la Policía de Nueva Guinea, confirmó el crimen del señor Gilberto Artola Delgadillo, pero rehusó dar mayores detalles, justificando que el equipo de investigadores de Auxilio Judicial a las 05:00 pm aún no regresaba del lugar del crimen.
“No estamos manejando mayores datos”, dijo el oficial, quien relató que la información sobre el crimen fue conocida en la delegación policial a las 08:30 am, y que inmediatamente se movilizó un equipo encabezado por el teniente Gutiérrez, jefe de auxilio judicial.
“No sabemos a ciencia cierta cómo ocurrió el crimen, sólo sabemos que lo mataron y ya se movió el grupo para la zona”, dijo el policía, quien confirmó que el jefe de la Policía de Nueva Guinea no estaba disponible por encontrarse en una reunión con autoridades municipales.
Tampoco el director ejecutivo del Cenidh tiene mayores datos sobre el crimen. “Lo que tenemos confirmado es que hoy (ayer) por la mañana cuando estaba ordeñando sus vacas, llegaron dos armados y encapuchados, esos lo tomaron y procedieron a asesinarlo”, detalló Izabá.
Investigación integral
Izabá pidió a la Policía Nacional que la decisión de asumir la investigación en Nueva Guinea no sea sólo por el crimen de Artola Delgadillo, “que se desarrolle una investigación integral que dé con el paradero de quienes están asesinando a las personas”, señaló.
Recordó que ejecuciones sumarias no son sólo las que ejecutan directamente las autoridades, sino también aquellas que ejecutan armados presumiblemente consentidos por las autoridades. “Para nosotros el hecho que estas muertes se den y que las autoridades no pongan coto, a quien debemos responsabilizar por omisión es a las autoridades policiales”, dijo Izabá.
Piden medida cautelar
Izabá aseguró que solicitarán a la Policía Nacional que garantice la seguridad para los miembros de la familia Artola Delgadillo, debido al peligro de que sigan las ejecuciones, pero explicó que también informarán del hecho al Relator Especial de Ejecuciones Sumarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
También acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de solicitar medidas de protección para los familiares de los asesinados.
Izabá reveló que pedirán a la directora de la Policía Nacional que revoque la decisión del comisionado general Horacio Rocha, quien ordenó el reintegro de la suboficial Lidia Bermúdez, acusada de torturas en contra de los prisioneros.