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En medio del debate que realizan diferentes organizaciones sobre la revisión del Código de la Niñez y la Adolescencia, CNA, y las consultas sobre el mismo en la Comisión de la Asamblea Nacional, los 18 jueces de los Juzgados de Adolescentes del país consolidaron su posición respecto al tema, y aseguraron que “hay que revisar los avances y los retos, pero no elevar penas”.

Actualmente existen dos propuestas de reforma al CNA. Una de 2002, introducida por el diputado Wilfredo Navarro, proponiendo bajar la edad penal hasta los 12 años, y la de junio de este año, introducida por el diputado Carlos García, que propone reformar los artículos 202 y 206 del Código, subiendo la sanción hasta un máximo de 15 años de privación de libertad.

El artículo 4 del Código vigente considera como niños a los que no hubiesen cumplido los 13 años, y como adolescentes a los que se encuentren entre los 13 y 18 años no cumplidos. Mientras que el artículo 202 establece un máximo de seis años como pena privativa de libertad.

Aplicar todo el Código
En este panorama, Adda Benicia Vanegas, Jueza Penal de Adolescentes, de Managua, expresó que antes de reformar el Código lo lógico es que se revisen los avances que hay y darlos a conocer a la población, para aclarar que el CNA no genera impunidad.

El CNA tiene tres libros: el primero sobre derechos, libertades, garantías y deberes; el segundo establece las políticas públicas que se deben desarrollar mediante responsabilidad compartida: Estado, sociedad civil organizada, escuelas y la familia. El libro tercero establece el procedimiento penal especializado para adolescentes de 13 a 18 años no cumplidos.

“La sociedad solo habla del libro tercero, ¿pero qué pasó con los dos libros anteriores? Si los aplicáramos verdaderamente, muy pocas veces tendríamos adolescentes procesados o acusados”, expresó la judicial.

Propuestas
Vanegas expresó que es necesaria una revisión al CNA, después de tanto tiempo de implementación (desde 1998), ya que cuando entró en vigor aún se trabajaba con el Código de Instrucción Criminal, y ahora habrá que unir criterios respecto a la supletoriedad del Código Procesal Penal.

La jueza afirmó que no puede haber reforma sin antes tener una valoración de lo que se ha venido haciendo respecto a la aplicación del CNA.

Vanegas también señaló que el aumento de las penas no resuelve el problema de inseguridad ciudadana, más bien crea un conflicto de índole social, dado que se aumenta el número de privados de libertad, creando más carga  para el Estado.

Los retos
Vanegas, además de mencionar los logros en materia judicial, también enumeró algunos retos por cumplir. Entre estos está la creación, por parte de la Policía Nacional, de una unidad especializada en todo el territorio nacional, ya que desde el momento de la detención y en el proceso de investigación, el adolescente requiere un tratamiento diferente al del adulto.

También plantea la necesidad de que más organismos de sociedad civil se sumen a la rehabilitación de los adolescentes, aportando su especialidad y experiencia.

La comisionada mayor Erlinda Castillo, de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, expresó que “el Código está desfasado y hay que aprovechar incluir aquellos aspectos restaurativos y justicia más humana”.
Castillo agregó que la gente quiere ver las celdas llenas de jóvenes y adolescentes, “y la cosa no es así, la gente debe conocer los derechos y deberes y ser parte de  esa responsabilidad educativa que se tiene con los muchachos”.

Habla representante de ONG
Adilia Amaya, en representación de la Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia, expresó que desde que se aprobó el CNA en 1998 sabían que la implementación sería gradual, y que era una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad organizada y las familias.

Ahora consideran que es tiempo de revisar los logros y los aspectos que faltan por mejorar, “pero no se puede estar atribuyendo a los adolescentes la inseguridad ciudadana, y menos pretender castigarlos con incrementos de penas”.