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Las denuncias reiterativas por la usurpación y destrucción de propiedades en la comunidad de Salinas Grandes, en el departamento de León, forman parte de la inseguridad jurídica que, en algunos casos, es promovida por personas particulares e instituciones que carecen de principios, afirmó Freddy Arana Rivera, Fiscal Departamental del Ministerio Público.

El funcionario se refirió a la finca El Charco, de 294 manzanas en Salinas Grandes, perteneciente a la familia de María Yolanda Terán Icaza, de 57 años, quien tiene posesión y dominio de la misma desde hace más de 30 años.

“Es un caso complejo. Hemos conocido, a través del calvario que le ha tocado vivir a esta dama (María Yolanda), la inseguridad en el tema de la propiedad. Ella ha puesto una cantidad de denuncias, pero no ha terminado de interponerlas cuando viene otro acometimiento de otra persona en contra de ella”, dijo.

Embestidas delictivas
El fiscal destacó que el mayor problema es el cansancio reiterativo. “Quizás por la misma extensión de su propiedad, que es bastante grande, le acomete otro sector al ver a una mujer que está al frente de dichas tierras, por la voracidad de muchas personas que se han dedicado al tráfico de tierras, y han visto en ella (María Yolanda) un terreno fértil para sus embestidas delictivas”.

La finca El Charco tiene más de cuatro años de ser usurpada por David Callejas, Evert Adán Silva, José Celestino Caballero, Cecilio Gómez, Medardo Castellón, Leonardo Rocha y los hermanos Maradiaga, representados por Baltasar Maradiaga, así como por el exalcalde de Nagarote, Felipe Reyes.

En los últimos días, el problema se ha agudizado, ya que Cecilio Gómez, Chéster Ortiz, Abelardo León, José Grillo y Rafael Estrada Granizo fueron señalados por la familia Terán Icaza ante la Policía Nacional, por usurpar y destruir una estructura física de concreto, cuyos daños ascienden a 12 mil dólares.

Desobedecen al gobierno

Según Arana, hay que retomar el llamado del presidente Daniel Ortega de respetar la propiedad privada.
“Si la documentación está en regla y es la adecuada, pues el ciudadano que tiene toda la intención de querer invadir, debe estar claro de que va a encontrar todo el peso de la ley”, dijo el fiscal, tras advertir que las personas que instigan a promover tomas de tierras son operadores de una mente criminal, y son sancionados por nuestra legislación.

Agregó que la inseguridad jurídica lleva a nuestro país al impedimento de un desarrollo adecuado.
“Una persona que a través del esfuerzo de muchos años logra adquirir una propiedad y tiene pensado invertir, acude a una entidad bancaria, pero al presentarse un conflicto de propiedad, tiene temor de proceder y concretar sus proyectos”, refirió.