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Organizaciones de mujeres protestaron frente a un hotel capitalino donde fiscales del Ministerio Público recibían una capacitación de género, esto porque aseguran que el fiscal regional de Bluefields, Gerardo Suárez, está en contra de ellas y de todo lo que implique la defensa de las mujeres, por tanto, piden su destitución.

La doctora Ana María Pizarro, una de las protestantes, dijo que los funcionarios viven recibiendo estos cursos de género, y a pesar de esto los resultados siguen siendo lamentables, como se aprecia en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y en la Policía Nacional, con su trato a las víctimas y la forma de impartir justicia. Un retrato de esta denuncia es lo vivido por Fátima Hernández.

“Con estos cursos no logran sensibilizar a nadie para que cumpla con su deber”, enfatizó Pizarro, señalando que en Bluefields el fiscal regional está impulsando una acusación contra la abogada y contra una miembro del movimiento de mujeres, por haber defendido a una señora acusada de asesinar a su marido. La acusación contra las mujeres es por obstrucción de la justicia y difamación contra un difunto. 

Alegó que con el fiscal mencionado, desde hace dos años ellas han tenido varios altercados y se le ha denunciado, pero ahora hasta impulsa la acusación contra Aleyda Gómez, del movimiento de mujeres, y contra la abogada que defendió a la mujer declarada no culpable del homicidio de su marido, algo que no van a dejar pasar, y estarán presentes el próximo lunes cuando inicie el proceso contra las mujeres en los juzgados locales de Bluefields.

Mencionó que en dos ocasiones han hablado con la fiscal de género, Odette Leytón, para que intervenga y se destituya al fiscal regional de Bluefields.

Marcia Prado Meléndez, madre de Gilma Gioconda Solís Prado, procesada y declarada no culpable de las acusaciones de homicidio, asegura que en su caso ha sido el fiscal quien obstaculizó todo el proceso legal, y, según la entrevistada, les negó el acceso a la información necesaria solicitada, e incluso ofendió y difamó a las organizaciones de mujeres, llamándolas hasta de “narco red”.

La fiscal Odette Leytón mencionó que la competencia para un señalamiento de este tipo le corresponde a la Inspectoría del Ministerio Público, instancia que debe recibir la formal denuncia, luego indagar y analizar la situación, para obtener una resolución al respecto.