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La sociedad civil, que respalda al concejal Luciano García, anunció esta mañana que se recogieron más de 400 mil córdobas en la campaña “el peso de los indignados”.

Aún así, Azalia Solís, miembro de la Unión Ciudadana por la Democracia, UCD, mantiene que esta sanción es una “imposición de una condena injusta y bárbara”.

Agregó que “pretenden intimidar al pueblo de Nicaragua y toda la sociedad nicaragüense se siente perseguida por esta medida de auto censura a la libertad de expresión”, en alusión al caso de García que denunció irregularidades en la Alcaldía de Managua.

Solís reveló que de resultar a favor la sentencia contra García, el dinero recogido será destinado a una obra pública, pero no especificó a cual.