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Según el Informe de Fiscalización al Cumplimiento del Derecho al Trabajo Digno de las Personas con Discapacidad en las Instituciones del Estado, el gobierno no toma en cuenta a este sector a la hora de contratar nuevo personal.    

El estudio de Procuraduría en defensa de los Derechos Humanos, PDDH, presentado en saludo a la conmemoración del 25 de agosto del  “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, especifica que del total de trabajadoras y trabajadores activos de las instituciones fiscalizadas, solamente existe el 0.9 por ciento de personas con discapacidad, eso representa 322 de las 35 mil 620 trabajadores en el Estado
“Lo que indica que las mismas no cumplen con lo establecido en la Ley 202 de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades, de contratar a una persona con discapacidad por cada cincuenta contratadas en planilla”, especifica las conclusiones del informe presentado por la procuradora especial Rosa Salgado.

Se menciona que según el Centro de Empleo del Ministerio del Trabajo, durante el año 2009 recibieron 5 mil solicitudes de empleo. De estas solamente 28 solicitudes correspondían a personas con discapacidad. Ese año fueron ubicadas en puestos de trabajo un total de 3 mil 993 personas, pero ninguna tenía discapacidad, “lo que evidencia que a pesar de existir pocas solicitudes de empleos del sector con discapacidad, no son tomadas en cuenta”.

Por otra parte, la PDDH constató que del total de personas con discapacidad que trabajan en las instituciones fiscalizadas, ninguna fue contratada como parte del cumplimiento de lo establecido en la Ley 202, ya que su contratación ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley. Esto evidencia que no existen acciones concretas para aplicar y cumplir la ley especificada en relación con la contratación de personas con discapacidad.

Excusa: no hay presupuesto
La excusa de los funcionarios entrevistados en relación con la contratación de personas con discapacidad y a las condiciones mínimas de accesibilidad, fue la poca asignación presupuestaria para la ejecución de sus planes y acciones. Asimismo, se constató que los funcionarios sin discapacidad entrevistados desconocen y aplican mínimamente la Ley 202. En el caso de las personas con discapacidad que laboran en las instituciones, el 70 por ciento la conocen.

Otro elemento fue que las instituciones públicas fiscalizadas no tienen ningún tipo de coordinación con el Ministerio del Trabajo en relación con el acceso al empleo de personas con discapacidad y su equiparación de oportunidades, evidenciando que el Mitrab no tiene acciones concretas para promover la aplicación de la Ley 202, ni insertar a las personas con discapacidad en el mercado laboral. La mayoría de las personas con discapacidad que laboran en las instituciones fiscalizadas realizan labores relacionadas a vigilancia, limpieza y jardinería. Dentro de cargos directivos o intermedios no existen personas con discapacidad.

Se señala que uno de los principales impedimentos que tienen las personas con discapacidad para optar a un puesto dentro de las diferentes instituciones públicas o privadas es el bajo nivel académico de las mismas, ocasionado por la falta de acceso a la educación formal, técnica y profesional, por discriminación y razones económicas y estructurales.

El proceso de fiscalización se llevó a cabo en trece zonas, entre estas Bilwi, Bluefields, Boaco, Chinandega, Chontales, Granada, Jinotega, León, Managua y su nivel central, Masaya, Matagalpa, Rivas y Siuna.