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Organizaciones de derechos humanos exigieron el esclarecimiento de las circunstancias en que fue asesinado el sacerdote Marlon Pupiro, dado que las declaraciones oficiales de las autoridades policiales han dejado hasta ahora es una serie de incongruencias que podrían afectar al proceso judicial que se levantará contra el acusado.

Gonzalo Carrión, Director del Área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que existen muchas inquietudes sobre las declaraciones del detenido Yazker Blandón, supuesto homicida del religioso, lo cual ha dejado con intranquilidad a la comunidad que pide justicia. Esto, porque las declaraciones de Blandón no concuerdan con el informe de Medicina Legal y las declaraciones de testigos.  

“La Policía plantea esto como caso resuelto, pero aún no es contundente. Hablan de que es confeso, pero según el Código Procesal Penal, una confesión sólo es válida durante el proceso judicial”, explicó Carrión, en espera de que el Ministerio Público haga “una acusación coherente, clara y precisa, para cumplir con los requisitos de ley, se inicie el proceso judicial, se encuentren responsabilidades y se cumpla con la familia de la víctima y con la población”.

Para el representante del Cenidh, la declaración de un detenido que asume responsabilidades no puede ser aceptada como la verdad, y la misma sólo es creíble cuando todos los hechos concuerdan. Con lo que se supone se tiene hasta ahora, el Ministerio Público tendrá que mandar a ampliar las indagaciones.

Rapidez no es calidad
Por su parte, el licenciado Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, destacó que la Policía hizo una investigación donde encontró resultados en tiempo récord, pero a veces hacer las cosas demasiado rápido no genera calidad.

“Real es que ahora se encuentran con incongruencias en las investigaciones policiales. Por tanto, es justo y meritorio que las autoridades aclaren o hagan una investigación más a fondo sobre este hecho”, dijo Cuevas.

Indicó que se debe tener muy en cuenta que el Ministerio Público deberá acusar, y el principal elemento probatorio será el expediente policial, por lo tanto si no se es coherente, el proceso podría verse comprometido por tecnicismos legales.

“Recordemos que existe el principio de inocencia, y todo ciudadano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y esto significa que el fiscal del caso debe probar la culpabilidad de él o de los implicados”, señaló Cuevas.