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Inseguridad jurídica, procesos viciados, restricción al acceso a la información, beneficio a los asesinos, impunidad y falta de políticas públicas a favor de los periodistas, son parte de los hallazgos que hicieron estudiantes de las carreras de Derecho y Periodismo, y académicos de la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, en el estudio denominado: “Crímenes contra periodistas y su impunidad en Nicaragua en el período 2000 a 2010”.   

Dicho estudio fue presentado en la Conferencia Hemisférica Universitaria de “Políticas Públicas para Combatir la Impunidad”, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en la ciudad de Puebla, México. El mismo aborda las muertes de los periodistas María José Bravo y Carlos José Guadamuz, además, el secuestro a periodistas y a colaboradores del diario La Prensa en 2002.

Johanni Miranda, estudiante de Derecho y uno de los autores del estudio, señaló que en el caso de María José se presentó un segundo dictamen de balística que pretende beneficiar al autor del disparo, mientras que en el caso de Guadamuz, el sistema judicial benefició a su asesino al otorgarle un beneficio que es exclusivo para embarazadas. Finalmente, sobre el secuestro que perpetró Tirso Moreno en La Prensa, indicó que este fue liberado por un jurado de conciencia.
Justicia politizada

Jaime Chamorro, Director del diario La Prensa, afirmó que hubo impunidad en el caso del secuestro que realizó Tirso, y que ha habido intentos de liberar al asesino de María José a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

“Todos los casos están envueltos en política, y como toda la justicia está envuelta en política, la justicia se ve afectada, porque son nombrados por los partidos los jueces, entonces ellos actúan de acuerdo con los intereses políticos de sus partidos”, cuestionó Chamorro.