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Aunque la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 200) vigente está desfasada y posee vacíos que dejan ver sus limitaciones, establece que el proceso para asignar frecuencias de canales de televisión debe hacerse por medio de una licitación pública, algo que es obligatorio, expresaron ayer diputados ante la Asamblea Nacional y especialistas en comunicación.

Freddy Torres, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLIC, manifestó que desde el punto de vista legal, la Ley 200 es clara y no admite ningún procedimiento discrecional para las asignaciones de frecuencias, ya sea radiales o televisivas, pero como es una norma que necesita modernizarse, tiene vacíos que la hacen vulnerable a cualquier “maniobra” política del Gobierno.

Torres destacó que para evitar que las autoridades del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, continúen asignando canales de televisión y emisores a empresarios afines al orteguismo, la Asamblea Nacional debería aprobar una resolución que permita poner freno a la “piñata de frecuencias” a favor de los allegados  al Gobierno.

“El Gobierno tiene su manera de hacer las cosas, y las autoridades de Telcor pueden aprovechar los vacíos legales que deja la Ley 200. Es por ello que es necesario aprobar una ley moderna para frenar las discrecionalidades con que actúan las autoridades del ente regulador bajo órdenes del orteguismo”, apuntó Torres.

Lo que dice la Ley
El artículo 10 de la Ley 200 establece que los servicios de interés general son aquellos que sin ser públicos esenciales, son ofrecidos al público bajo esquema tarifario aprobado por Telcor, o se les puede permitir libertad en la contratación con usuarios.

En cualquier caso, deben ser ofrecidos en condiciones de igualdad, regularidad y continuidad. En esta categoría se incluyen a los servicios de telefonía celular, la radio, la televisión abierta y la televisión por suscripción.

Guillermo Rothschuh Villanueva, analista en temas de comunicación, afirmó a EL NUEVO DIARIO que el actuar de Telcor es negativo, ya que deja de un lado los procedimientos que plantea la Ley 200, para asignar frecuencias de televisión con discrecionalidad.

“La gestión de Telcor es muy discrecional, y mi temor es por lo que viene, porque a pesar de que en la Asamblea se aprobó una prórroga para que las licencias sigan vigentes mientras se aprueba una nueva Ley de Telecomunicaciones, el ente regulador no quedó inhibido de seguir dando frecuencias con autorización del mismo presidente Ortega, y lo reconoció públicamente el mismo presidente de la institución, Orlando Castillo, esta semana”, señaló  Rothschuh.

Autoridades de Telcor confirmaron hace unos días que el número de canales que operan en televisión abierta en el país podría aumentar, porque la institución estudia una serie de solicitudes de frecuencias en la banda abierta UHF de parte de empresas privadas.

Uno de los canales que estarían saliendo al aire es el 16, el cual será manejado por la sociedad Celeste S.A., que también opera Viva Nicaragua Canal 13 de televisión, cuyos propietarios son Camila, Luciana y Maurice Ortega Murillo, según fuentes del sector gobierno consultadas por EL NUEVO DIARIO.

Fuentes del sector telecomunicaciones explicaron ayer que normalmente al solicitar una frecuencia de televisión, el operador (empresa) solicita al ente regulador (Telcor) la frecuencia, y este hace una verificación de la disponibilidad de la misma.

Si hay disponibilidad, se le notifica al solicitante y este remite una petición en firme, con todos los datos técnicos, económicos y financieros, relacionados con el proyecto y una programación tentativa del canal o de la emisora solicitada.

“Telcor pasa a realizar los análisis correspondientes y a sugerir algunas mejoras, como ampliar los datos presentados, entre ellos las garantías económicas, y así poder extender el título habilitante o licencia de operación que se adjudicará mediante una licitación, de lo contrario, cualquier asignación de frecuencia será nula”, añadió la fuente que prefirió el anonimato.

Freno político
El artículo 34 de la Ley 200 señala que toda solicitud de concesión de servicio público o licencia de servicio de interés general, deberá ser publicada en dos periódicos de circulación nacional a costa del solicitante, con el objeto de permitir a cualquier otro interesado en ejercer la oposición al otorgamiento de lo solicitado.

El artículo 66 de la misma ley destaca que  las licencias y permisos que se extiendan en contravención a la presente ley, serán nulos.

Eliseo Núñez Hernández, Presidente de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, reconoció ayer que la nueva Ley de Telecomunicaciones está lista para aprobarse, pero que no existe un consenso político en el Parlamento para aprobarla en estos momentos.