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La Nicaragua de 2006 no se parece a la de 2011. Es, quizás, más próspera y sólida financieramente: se asegura que hay menos pobres, más alimentos, más educación y más salud. Pese a todo, avanza. Donde retrocede es en la institucionalidad: desde 2006, el Estado de Derecho ha sido modificado debido a la ineficiencia de la Asamblea Nacional, por un lado, y al cuestionado avance del Ejecutivo, por el otro, el cual, sin perder tiempos ni espacios asume mayores controles en el organigrama del Poder

Desde 2006, cuando se dieron las elecciones generales, en las cuales resultó electo presidente el candidato del FSLN, Daniel Ortega, con el 38% de votos, hasta 2011, cuando se inscribió como candidato presidencial de los comicios de este año, la institucionalidad del país se ha visto resquebrajada, a tal punto, que los cuatro poderes del Estado siguen los dictados del Presidente de la República.

Según el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, la institucionalidad del país ha sido reducida a los intereses de Ortega, a tal grado que desde 2007 ha dictado 12 decretos ejecutivos y promovido ocho proyectos de ley, que han cambiado el panorama institucional del país. Así, Policía, Ejército de Nicaragua, Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Procuraduría de Derechos Humanos, Contraloría, Asamblea Nacional, Fiscalía y Poder Ejecutivo, han visto modificados sus reglamentos, funciones, misiones y acciones.

Desde su llegada, se han acumulado 26 funcionarios de instituciones claves para la gobernabilidad y la democracia, en cargos públicos, pese a que se vencieron los términos legales y constitucionales para los cuales fueron electos por la Asamblea Nacional o por las leyes institucionales.

El último funcionario del club de los “cargos vencidos” prorrogado por Ortega fue Aminta Elena Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional.

El constitucionalista Gabriel Álvarez sostiene que bajo la Administración de Ortega el Legislativo no ha ejercido completamente sus dos funciones principales: no tiene independencia política y permite la usurpación de sus funciones al Poder Ejecutivo.

Desde le llegada de Ortega al poder en 2007, se hace en el país lo que no hacía antes: se reeligen presidentes y alcaldes de manera consecutiva, se declara inconstitucional la Constitución, pero solo a efectos de los intereses del FSLN, los magistrados de facto legislan, los magistrados legales son sustituidos por conjueces sin autorización de la Asamblea Nacional.

Ejecutivo legislador
El Poder Ejecutivo legisla en materia fiscal y económica. Argumentando la “inactividad del Poder Legislativo” en diciembre de 2008 Ortega reformó el Presupuesto General de la República, al mandar al titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, a incorporar todas las modificaciones presupuestadas que no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional.

En todo este período ha incumplido con el precepto constitucional de enviar las propuestas de ministros, viceministros y embajadores para su ratificación. Incorporó a Chontales los municipios El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, a través de un Decreto Presidencial, violando con ello la Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas y la Ley de Municipios.

En 2010, el mandatario debutó con un Decreto Presidencial que prorrogó y ratificó en sus cargos a 25 funcionarios de alto nivel, entre ellos magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, Corte Suprema de Justicia, CSJ, contralores colegiados, Procurador de Derechos Humanos y Superintendente de Bancos.

“La incapacidad para elegir a contralores, a magistrados y al procurador, es una manera de desinstitucionalización. El control político de la Asamblea es nulo. No solo no controlan, sino que aplauden y legitiman los atropellos y abusos que el Presidente hace”, agrega Álvarez.

A finales de abril del año pasado, el presidente del Parlamento, René Núñez Téllez, anunció que había encontrado una disposición constitucional que legitimaba el Decreto que prorrogó en sus cargos a los 26 funcionarios, quienes actualmente actúan de facto.

El segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución, una disposición creada a finales de los 80, facultaba a los magistrados de la CSJ y del CSE, y a funcionarios de otras instituciones, a permanecer en sus cargos hasta que se nombrara a sus sucesores. Cinco meses después, la Constitución fue publicada en La Gaceta, e incluía el transitorio artículo 201.

Una manera de vaciar la funcionalidad de la Asamblea, a criterio del constitucionalista, es también neutralizando a las bancadas de oposición. Pese a que el gobernante Frente Sandinista obtuvo 38 escaños en el Parlamento, actualmente es capaz de conseguir más de 50 votos --pero menos de 56-- para aprobar leyes regulares, pues ha realizado alianzas con los opositores.