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Lo que debería ser la más grande bendición para los pueblos indígenas, se ha convertido en su maldición: nos referimos a sus territorios, regularmente ricos en recursos naturales, ya sean acuáticos, en tierras productivas, forestales o en minería. En Nicaragua esto no es la excepción, más bien se ha convertido en una regla.


Según datos oficiales obtenidos en 2001, la población indígena era de 805,424 habitantes, para un porcentaje del 14% en ese momento, y por derechos constitucionales los pueblos indígenas gozan del reconocimiento de su existencia, el derecho al uso goce y disfrute de sus recursos naturales y a mantener sus formas ancestrales de organización, sin embargo, según representantes de las comunidades, esto no se respeta.


En el reciente encuentro de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, con el objetivo de ver cuáles son los principales problemas que enfrenta la población indígena, los aspectos recurrentes fueron el despojo de sus tierras y la falta de reconocimiento de las autoridades comunales indígenas, por parte de las municipalidades e incluso por el gobierno central.

Víctor Machado, de la comunidad indígena de Nacascolo, en Chinandega, dijo que desde que se fundó el Estado de Nicaragua han sufrido siete expropiaciones, y al menos 450 mil manzanas las han convertido en tierras ejidales que son propiedad de los pueblos indígenas del centro y norte del Pacífico de Nicaragua.


“En el caso nuestro --Nacascolo-- nos han expropiado nuestros títulos reales, y nuestra lucha ha sido recuperar nuestros derechos colectivos, ya que de las 4,850 manzanas de tierra pertenecientes a las comunidades, la historia nos ha reducido todo a simples 64 manzanas en la actualidad”, asegura Machado.

Mencionó que con el gobierno quieren tener un diálogo y que se cree una comisión interinstitucional que observe la problemática de los pueblos indígenas, dados los conflictos señalados, pues les están desnaturalizando 519 años de existencia, ya que el gobierno municipal de El Viejo y la Corte Suprema de Justicia quieren desconocer la organización ancestral de base, y crear otra organización.

Denuncia del cacique de Muy Muy
El cacique Patricio Suazo Blandón, del Consejo de Ancianos de la comunidad indígena de Muy Muy, Matagalpa, también dijo que desde el gobierno municipal les han impuesto juntas directivas desde hace cinco años, y cuando trataron de hacer elecciones propias estas no fueron reconocidas por el alcalde, violentando sus derechos.


“Las comunidades indígenas son autónomas y se rigen por su propios reglamentos, y eso ellos lo saben. Con esto han negociado nuestras tierras, se están robando los territorios indígenas, y hemos conocido que con esto han obtenido 12 millones de córdobas, sin que nada de esto se destine a las comunidades. Solo una hacienda de 637 manzanas estaba valorada en 8 millones de córdobas”, alega el cacique, mencionando que lo han denunciado a través de los medios de comunicación locales sin que haya una solución, y han interpuesto reclamo en la Corte Suprema de Justicia, pero les dicen que no lo pueden hacer si no es con un representante legal.

“Vamos a unirnos con los otros pueblos, y pensamos en una demanda en las cortes internacionales contra el Estado de Nicaragua”, asegura.

Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que entre las denuncias recientes está la de la comunidad indígena de la Virgen del Hato, y también de la comunidad de Muy Muy, que abarca territorios de Matiguás, relacionadas con la tenencia de sus tierras.

Identificó como los grandes problemas de las comunidades indígenas la interferencia de las autoridades locales en la toma de decisiones de sus territorios, e incluso en la forma organizativa de las autoridades indígenas, pero esto está íntimamente relacionado con la percepción económica que representa la tenencia o no de los territorios ancestrales.

Entre los casos observados está el de Ometepe, donde el conflicto indígena con las autoridades locales es histórico, sobre quién tiene la autoridad y los cánones de arriendo de los territorios.

En Tola
“Situación similar sucede en Salinas de Nahualapa, en Tola, municipio de Rivas, donde las zonas costeras pertenecen a las comunidades, pero se construyen emporios turísticos sobre las propiedades indígenas, y lo grave es que esos territorios fueron cedidos por la alcaldía local. En las regiones autónomas igual hay problemas por los grandes megaproyectos que son planeados sobre los territorios indígenas”.

En el ámbito de los hidrocarburos se destaca un caso en la Región Autónoma del Atlántico Norte, en la zona del río Prinzapolka, donde ya hay concesiones para la explotación de hidrocarburos que no fueron bajo convencimiento de los propietarios ancestrales.

También están las invasiones de los territorios indígenas promovida en algunos casos por funcionarios de gobierno. Un ejemplo es la zona de Bluefields, donde se titula en territorios indígenas, cediendo estos a demandantes de tierra con quienes el gobierno tiene compromisos políticos.

Más recientemente, la última violación a la autonomía fue anunciada por el mismo presidente Daniel Ortega con la firma del convenio de exploración y estudio de factibilidad para un puerto de aguas profundas en la comunidad de Monkey Point, donde hay comunidades de la etnia Rama y Creol. Esto, sin la consulta obligatoria a las comunidades indígenas.

Todo lo anterior ocurre a pesar del artículo 180 --de las Comunidades Indígenas-- de la Constitución de la República, también sucede por sobre el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, además de la Ley 445 o Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz

“Otra violación es contra el convenio 179, que establece un derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, ante la eventualidad de cualquier proyecto que se ejecute en sus territorios. El problema es que en ninguna de estas circunstancias el Estado está dispuesto a cumplir”, dijo Solano, especificando que al afectar tierras indígenas, esto ocurre no a una o dos familias, sino a comunidades enteras. Hablamos de al menos un centenar de familias.