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Robo de madera valorada en 400 mil dólares, supuesto tráfico de influencias en el Instituto Nacional Forestal, Inafor, bajo el proteccionismo del diputado Brooklin Rivera, y la falta de cumplimiento de las disposiciones judiciales, fue la denuncia interpuesta por representantes de iglesias Maranatha Pentecostés, de las comunidades de Awaltara Luhpia Tasbaya de la Región Autónoma del Atlántico Sur.

Según los denunciantes, el problema inició con una iniciativa por el bien de las comunidades tras el paso del huracán Ida, que azotó a la Costa Caribe en noviembre del 2009, que destrozó las iglesias de Kara, Walpa, Sandy Bay y la Esperanza.

Santos Talavera Gutiérrez, presidente de la Asociación Maranatha Pentecostés, dijo que para la reconstrucción y para obtener fondos, se solicitó un permiso de aprovechamiento de 86 mil pies de madera, cortarla con el consentimiento de las comunidades y venderla para que las iglesias fueran de concreto.

Para esto se designó a los pastores: Silvio Simons Alonzo, Zeledón Walter Washington y Rogelio Lackwod Cambalan. Ellos obtuvieron los permisos, cortaron, negociaron en carácter personal y hasta le quitaron madera al reverendo Edmundo Rigoberto Lacayo, para luego incumplir los contratos con la empresa a la cual se le prometió el producto.

Cuando la iglesia pidió cuentas de esto, ya se habían gastado el dinero de parte de la venta sin que se hubiese pegado un solo bloque de la construcción. Por esto se interpuso denuncia en la Dirección de Auxilio Judicial de El Rama.

Roy Pacheco, representante legal de iglesias Maranatha, señala que por esto los pastores fueron destituidos, sin embargo, por supuestas órdenes superiores, con intervención del Inafor y el diputado Brooklin Rivera, las autoridades de la zona desobedecieron las órdenes judiciales y la madera aún no comercializada se regresó a los usurpadores.

Pacheco dijo lo anterior, mostrando la documentación respectiva y las órdenes de los juzgados.

Rivera niega
Por su parte, el diputado nacional Brooklin Rivera, dirigente de la organización política Yatama, dijo que los señalamientos en su contra son totalmente infundados.

“Los que están en tráfico de madera son ellos. Las autoridades dieron los permisos para sacar madera, pero en beneficio de las comunidades, no sólo para la iglesia. Hay una pelea entre esa iglesia y otras personas, en juicios y todo eso es un escándalo. Lo que quieren es quitarle el dinero a las comunidades”, alega el legislador.

Rivera aseguró que Yatama tampoco tiene nada que ver en el asunto. “Yo lo que hago es defender los derechos de las comunidades”.

Los representantes religiosos aseguran que la madera mencionada a ser aprovechada tiene un valor de aproximadamente 400 mil dólares y de esto se ha desviado un producto valorado en 250 mil dólares. Ahora hay una lucha para que no sea vendida a particulares.

“Llevamos el caso por dos vías. Primero en los juzgados y se están tramitando órdenes para evitar la comercialización de la madera. Queremos que se otorgue el derecho que ya tiene la iglesia Maranatha Pentecostés, que los políticos y los poderosos en el gobierno dejen de obstaculizar el proceso legal de esto y por último, que se cumplan las órdenes de los jueces”, exigió el doctor Pacheco.