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Cinco meses después de su arresto, Marvin Vargas, Presidente de Los Cachorros de Sandino, una organización que aglutinaba a más de 3,000 desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, SMP, se comunicó con END asegurando ser un preso político.

Vargas explicó que se le imputaban los cargos de estafa agravada y que se encontraba en La Modelo, pero aseguró ser inocente.

“Yo no he cometido ningún delito. Aquí el Frente me hizo un montaje para desarticular la organización, porque saben que en período electoral no les conviene tener a gente protestando y reclamando sus derechos”.

Víctor Manuel Mora Martínez, quien fungía como delegado departamental de Los Cachorros, declaró que el arresto de Vargas se produjo tras varias semanas de infructuoso diálogo con los altos mandos de la Policía Nacional, quienes, asegura, trataron de callarlos con engaños y promesas falsas.

“Las primeras negociaciones fueron a raíz de la toma de la catedral, cuando la comisionada Aminta Granera llegó para convencernos de emprender la retirada. Pero todo fue una mentira. El Frente solo quería infiltrarse en nuestras filas para conocer cómo operábamos, y buscar una forma de apresar a Marvin, quien había trabajado como cambista”, indicó Mora.

“Nos acusaron de terroristas”
Por su parte, Carlos Merlo Mendoza, extesorero de la desaparecida organización, aseguró que varios de ellos han sufrido numerosas amenazas y diversas formas de intimidación, y que él hasta fue llamado a la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ.

“Cuando apresaron a Marvin, a mí me llamaron a declarar, diciéndome que nosotros éramos terroristas y que teníamos armas escondidas y personas alzadas en el Norte. Pero yo les dije que era mentira, que siempre nos habíamos manifestado pacíficamente”, indicó Merlo.

Añadió que tras el arresto de su líder, la organización se desintegró por las coimas y dádivas que algunos de sus miembros  recibieron por parte del gobierno, enterrando sus peticiones de ser incluidos en el sistema de Seguridad Social, tener acceso a becas para sus hijos y programas de vivienda.

La madre de Marvin Vargas, Juana Petrona González, aseguró que ya han cambiado de abogado tres veces, porque todos terminan retirándose del caso por temor a represalias.
Finalmente, señaló que quienes acusan a su hijo jamás se han presentado en ninguna de las audiencias, una muestra más de que todo es “un complot político”.

Policía asegura proceso transparente
El comisionado Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, aseguró que recibieron una denuncia ciudadana y realizaron las investigaciones pertinentes, las cuales fueron remitidas posteriormente al Ministerio Público, MP, y finalmente al juez.

“Nosotros proporcionamos las pruebas al Ministerio Público, y allí se determinó si tenía mérito o no. Pero eso ya está en manos de un juez y no nos corresponde a nosotros juzgar al detenido, ni intervenir nuevamente”, declaró Borges.

También agregó que este es un caso que solo involucra al acusado, y no a toda la organización. Ya la mayoría de ellos están recibiendo atenciones a sus necesidades en Managua y en el resto de los departamentos, señaló.

La Directora de la DAJ, comisionada mayor Glenda Zavala, dijo que en ningún momento se han cometido actos de persecución a dirigentes de Los Cachorros de Sandino, ya que “simplemente Vargas fue objeto de una investigación totalmente transparente”.

Fiscalía niega motivaciones políticas
La fiscal Stephanie Pérez Borge, representante del MP que lleva el caso contra Vargas, explicó que ellos actuaron con base en un informe de la Policía Nacional, y negó cualquier motivación política.

“El Ministerio Público actuó porque había suficientes argumentos para ir a juicio, no por razones políticas, y la no comparecencia de las víctimas a audiencia no quita mérito ni afecta el proceso, porque no provoca nulidad. Hay pruebas testificales y de investigación del robo de US$1,500 a cada una de las víctimas”, explicó Pérez.

Añadió que Vargas guarda prisión preventiva como una medida cautelar, en aras de garantizar el debido proceso, y que la orden de captura respondió a la huida que emprendió tras el robo de los US$3,000 a los afectados.

Vargas podría enfrentar una condena de hasta seis años y 500 días de multa si es encontrado culpable, explicó la fiscal.

END se comunicó con la Secretaria Departamental del Frente, pero se nos informó que todos sus funcionarios estaban ocupados en la preparación de las festividades patrias, y que no podían brindar ninguna información.

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