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El informe estadístico anual de 2010 publicado por el INSS, refleja varios baches en materia de información, contradiciendo expresamente la Ley de Seguridad Social y sus reglamentos. Esto según Manuel Ruiz, exfuncionario del INSS y catedrático universitario de Derecho en materia de Seguridad Social.

Ruiz explica que La Ley de Seguridad Social establece en sus artículos 11, 32 y 33 que el consejo directivo, como máxima autoridad, tiene la obligación de manejar el presupuesto, las inversiones y los planes de extensión, y en los artículos 7, 9 y 10 del Acuerdo 14 de su reglamento financiero se establece claramente la disciplina actuarial.

“Este reglamento indica a qué plazo invertir, que los gastos administrativos no deben exceder el 0.65% de los salarios del año vencido, hacer inversiones con seguridad y en programas de beneficio social, dar estabilidad a los cotizantes en cuanto al manejo de los recursos y manejar los fondos de manera transparente”, explica Ruiz.

Este señala que la falta de transparencia y discrecionalidad con que se están manejando los desembolsos del INSS son una deuda pendiente con los 92 mil asegurados, los 52 mil pensionados, los 534 mil trabajadores que realizan su aporte mensual a la institución y sus beneficiarios, como esposas e hijos, a los 22 mil empleadores y las 23 mil víctimas de guerra.

“Aquí se están violentando los artículos 130 y 183 de la Constitución, así como el Estado de Derecho, ya que la Ley es clara. Todos los funcionarios tienen que hacer lo que dictamine el marco jurídico y someterse a la Constitución Política, teniendo un actuar transparente e informando sobre su desempeño y sus funciones”.

Ruiz explica que esta discrecionalidad con que siempre se han manejado los recursos del INSS debe tomarse en cuenta a la hora de hacer la nueva reforma a la Ley de Seguridad Social, ya que el tema de los desembolsos es vital.

“Los datos sobre la inversión pública, las ganancias y las tasas de interés, tienen que ser información que esté a disposición de toda la población, para asegurar que el dinero de los asegurados sea administrado adecuadamente, y ese es un deber del consejo directivo, el cual está obligado a informar a la opinión pública sobre la composición de sus cartera de inversiones”, comentó Ruiz.

Los otros puntos que deben analizarse, en vista de la falta de acceso a la información sobre el manejo de los fondos de la institución, es la necesidad imperiosa de que su Consejo Directivo y su presidente ejecutivo no está a merced del Ejecutivo, y que las universidades y los asegurados propongan y elijan a sus funcionarios.

Ruiz señaló que la Asamblea Nacional y la Contraloría deben tener un rol más beligerante, de forma tal que el patrimonio del INSS sea protegido y se evite que se genera desconfianza.

“Si la situación continúa, al final tendremos trabajadores displicentes  que no querrán ingresar a la cartera, y no habrá forma de aprovechar el bono demográfico”, indicó Ruiz.

Proyectos sociales sí, pero con información
En cuanto al desembolso de 45 millones de dólares para la construcción de proyectos de viviendas a bajo costo, Ruiz asegura que esta es una medida acertada, pero critica la falta de información al respecto.

En este caso aconseja que los fondos sean manejados por un banco que mantenga un informe riguroso del monto del préstamo, la cantidad de casas construidas y el número de beneficiarios. En cuanto a las declaraciones del presidente del Banco Central, Antenor Rosales, aseguró que el INSS nunca ha tenido un superávit con ese monto y criticó las declaraciones del Cosep.

“Si el Cosep tiene a dos personas que son parte del consejo directivo, ellos tienen la responsabilidad de informarle al pueblo y a sus agremiados sobre los préstamos y las inversiones”, indicó Ruiz.

 

Ejército mete la mano
Jorge Toledo Aguilar, estudioso sobre la seguridad social, asegura que esta falta de información es un mal crónico de este gobierno, el cual oculta la información para usar el INSS como caja chica.
También asegura que muchos de los fondos han sido desviados al Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua, el cual quedó en la banca rota a raíz de la quiebra de la bolsa de los Estados Unidos, más otros desembolsos que responden al clientelismo político.

Por su parte, el economista Cirilo Otero advierte que esta política de secretismo responde al deseo de no rendir cuentas a la ciudadanía, ya que los desembolsos del INSS son por gastos suntuarios para hacer favores a sus allegados políticos y desembolsos no rentables.

También agregó que los sindicatos, las asociaciones de maestros, de la metalurgia, los alimentos, la Fundación Tripartita del salario mínimo y la  ciudadanía en general, tienen que exigir transparencia para evitar que funcionarios mediocres continúen manejando los fondos de los asegurados.

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