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Representantes de la comunidad indígena de Awaltara y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, condenaron la muerte de Ronald Davis, líder de la comunidad indígena de Betania, en el municipio la Cruz de Río Grande, y exigieron el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los autores materiales e intelectuales.

Judy Abraham Omier y Eduardo Nixon Ellis, autoridades territoriales legalmente electas del Gobierno Territorial de Awaltara, señalaron que por luchar por los derechos comunales, Davis era el enemigo número uno de la anterior Junta Directiva de la comunidad indígena de Awaltara, encabezada por Haydée Bautista, a quien señalan de haber amenazado al ahora occiso.

Nos comunicamos telefónicamente con la señora Bautista para que hiciera sus comentarios respectivos, pero nos remitió con su asesor legal, quien aseguró que hoy viernes en Managua se realizará una conferencia de prensa donde hablarán de la temática, para aclarar la situación y los señalamientos.

Según los comunitarios, Bautista, a pesar de haber cesado su período y con los procedimientos establecidos, fue electa en la nueva Junta Directiva sin que exista impugnación en la Corte Suprema de Justicia.

Dicha directiva se mantiene actuando como autoridad gracias al respaldo del diputado Brooklyn Rivera, dirigente de de la agrupación política Yatama y presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional.

Control de ricos territorios indígenas
Para Omier, lo anterior ocurre gracias a su alianza con el partido de gobierno, y el objetivo de la imposición de una Junta Directiva con período vencido, es para tener dominio de los ricos territorios indígenas, de los cuales dijeron tener los recibos de transacciones madereras valoradas en miles de dólares.

Además, recordó que en la zona hay diversas concesiones de explotación de recursos naturales y proyectos multimillonarios, en los que no se tomó en cuenta al gobierno territorial, violando la Ley 445.

Así, el Gobierno Territorial de Awaltara mira altamente sospechoso el suceso.

“Un día antes, Davis, en la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, circunscripción del Atlántico Sur, interpuso un recurso de amparo contra el Presidente Daniel Ortega; el diputado Brooklyn Rivera; Alberto Guevara, Ministro de Hacienda y Crédito Público, y su director de asesoría legal, Bruno Gallardo. Eso fue el lunes, y el miércoles aparece muerto con dos balazos en la cabeza”, dijo Eduardo Nixon Ellis, quien espera que las autoridades lleguen hasta el fondo del caso, lo esclarezcan y se castigue a los culpables.

“Davis no era ningún delincuente, ni narcotraficante, ni maderero, ni ganadero. Era una persona sencilla, sin dinero, pero hay medios de comunicación oficialistas que ponen este asesinato como si fuera una simple pasada de cuentas”, dijo Ellis.

Norwin Solano, abogado del Cenidh, estableció que han analizado el caso, y que se está tramitando una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la usurpación del gobierno regional.

Sin embargo, señaló que esto agrava la situación y el problema, pues ya no se trata de una pugna por el gobierno territorial, sino que ahora hay un asesinato de por medio. Pidió a las autoridades imparcialidad en las investigaciones y que se haga justicia.

EL NUEVO DIARIO llamó en repetidas ocasiones al diputado Rivera para conocer su reacción, sin embargo, quien estaba al teléfono siempre decía que no podía atender y que llamara más tarde.