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El ministro de Transporte e Infraestructura, Pablo Fernando Martínez Espinoza, emitió un acuerdo ministerial en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, mediante el cual modificó la Ley Creadora de la Corporación de Empresas Regionales de la Construcción, Coerco, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, que es el único Poder del Estado que la Constitución Política faculta para legislar.

El acuerdo ministerial 035-2011 salió publicado en La Gaceta n.º 174, en un día feriado (por encajonado) para el Estado por motivo de las Fiestas Patrias: el 16 de septiembre de 2011.

El citado acuerdo ministerial “explica” que el MTI, en uso de sus facultades conferidas de conformidad con diversos instrumentos jurídicos que no incluyen a la Constitución Política, y luego de la autorización de la Junta de Directores de la Corporación de Empresas Regionales de la Construcción, decidió “formalizar la modificación a la Ley Creadora de la Coerco”.

Gracias a un artículo de la nostalgia
Para ello, según el acuerdo ministerial, el MTI se basó en el artículo 18 del Decreto 411, mediante el cual el presidente Daniel Ortega creó la Ley de la Coerco en 1988, cuando gobernaba por primera vez el país, y lo hacía mediante decretos ejecutivos.

El acuerdo 035-2011 acordó tres cosas: primero, formalizar las modificaciones a la Ley Creadora de Coerco mediante su publicación en La Gaceta; segundo, que el decreto 411 que creó la Ley de Coerco, conserva plena vigencia en las partes que no hayan sido modificadas por la autoridad ministerial, y, tercero, que el acuerdo tendrá validez a partir de su publicación en La Gaceta.

El acuerdo ministerial modificó varios incisos y artículos, principalmente el número 3, que dice que “la Corporación tendrá como objetivo ejecutar todas las obras de infraestructura vial que el Estado demande a través del MTI, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población, haciendo uso para su ejecución de los recursos tanto nacionales como extranjeros”.

EL NUEVO DIARIO intentó obtener una explicación del ministro Martínez, pero su celular se encontraba apagado. De igual modo, se le llamó a su oficina, donde su asistente explicó que había salido de viaje hacia México y que regresaba el 30 de septiembre.

También se intentó contactar a Amadeo Santana, Viceministro de Transporte, pero en su oficina estatal, su asistente María de Jesús, manifestó que no podía atender la solicitud de información porque estaba en una reunión.
De igual modo, END habló con el presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, diputado Eliseo Núñez Hernández, para conocer si los miembros de dicha unidad legislativa conocían del acuerdo ministerial.

El legislador declaró que francamente no estaba enterado de la decisión del MTI, y que ignoraba la publicación en La Gaceta. Dijo que por principio constitucional únicamente la Asamblea Nacional puede crear, modificar y aprobar leyes, pero que debido a su desconocimiento sobre el acuerdo ministerial en mención, prefería revisar la publicación y consultar con los otros miembros de la comisión.

“Que rectifique”
Según el artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua, incisos 1 y 2, son atribuciones de la Asamblea Nacional: “Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes” y “La interpretación auténtica de la ley”.

El jurista experto en derecho tributario, Julio Francisco Báez, criticó la acción del Ministerio de Transporte, y calificó como un irrespeto al Estado de Derecho y una violación a la Constitución Política, que determina que las facultades de legislar corresponden únicamente al Poder Legislativo.

“El irrespeto al Estado de Derecho en Nicaragua está llegando a extremos inauditos: ¡Un ministro del Ejecutivo reforma una Ley de la República! La arrogancia del poder y la ignorancia rampante de ciertos funcionarios públicos, socavan e irrespetan la Constitución Política de la República de la manera más brutal”, expresó el experto, quien demandó al funcionario una rectificación al respecto.
“En mi condición de ciudadano y de abogado exijo al ministro Pablo Fernando Martínez una rectificación y disculpas inmediatas a la sociedad nicaragüense”, demandó. (Colaboración de Matilde Córdoba y Roberto Morales).