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La permeabilidad de las instituciones del Estado encargadas de emitir documentos de identidad, por parte del crimen organizado en nuestro país, se ha convertido en un factor que ha propiciado el incremento de casos de trata de personas.

El año pasado, la Policía Nacional registró 12 casos de este tipo de delito, mientras que en el primer semestre de 2011 ya ha conocido de 15, y se espera que la cifra sea mayor al finalizar el período.

El subcomisionado Freddy López, jefe del Departamento de Delitos Especiales de la Dirección de Auxilio Judicial, aseguró que este año han rescatado a 78 víctimas y detenido a 31 victimarios de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Del total de los casos, Managua presenta el mayor número de ocurrencias, con 10, seguida del departamento de Chinandega con tres, y Nueva Segovia y Carazo con uno por cada lugar.

Extranjeros consiguen cédulas

El jefe policial aseguró que no han tenido casos en los que tratantes o proxenetas hayan obtenido cédulas con las edades alteradas para entregárselas a menores de edad, que luego son prostituidas, pero sí conocen de extranjeros a quienes les han sacado el documento.

“Extranjeros que son inmigrantes irregulares en nuestro país sí han sacado cédulas a través de las famosas reposiciones de partidas de nacimiento en los diferentes juzgados del país, y registros civiles de las personas en las alcaldías, y con eso se van al Consejo Supremo Electoral y tramitan la cédula nicaragüense, y con el documento de identidad han querido tramitar pasaporte nicaragüense”, aseguró López.

En 2009, las autoridades informaron que el fugitivo colombiano Amauri Paudd Ruiz y su cercano colaborador Moisés Antonio Gamboa Zúniga y/o Marcos Antonio Gamboa Zúniga, de origen peruano, poseían cédulas nicaragüenses, las cuales los hacían pasar como ciudadanos de Masaya y de Bluefields.

Ambos son señalados de ser peligrosos narcotraficantes vinculados a la muerte de dos soldados de la Fuerza Naval en la comunidad Walpa Siksa.

Tras el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral, en julio de este año, en Guatemala, donde también resultó herido el empresario nicaragüense Henry Fariñas, en un ataque perpetrado por sicarios, se supo que el autor intelectual, el costarricense Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”, poseía cédula nicaragüense.

Preocupación por debilidad institucional

Las víctimas de este delito son niñas, adolescentes y mujeres nicaragüenses en edades comprendidas entre los 11 y los 45 años. También, la Policía reporta el rescate de una adolescente de origen salvadoreño y de una recién nacida que fue salvada de ser llevada ilegalmente a otro país. Los victimarios son nicaragüenses --16 hombres y 15 mujeres--, y hay dos ciudadanos de origen coreano.

Juana Delgado, coordinadora del Proyecto Trata de Personas del organismo Save the Children, indicó que el delito ocupa el tercer lugar en ranking de los ilícitos más rentables a nivel mundial y por el comportamiento de los casos, podría llegar a ocupar el segundo.

Señaló que en nuestro país va en aumento, y le preocupa que haya profesionales e instituciones que puedan estar facilitando el terreno a los criminales.

Faltan políticas públicas
Merardo Solís, responsable de la Oficina Legal de Casa Alianza, dijo que no descarta que se estén emitiendo documentos de identidad alterados a menores de edad, pero que no ha sido una constante, sin embargo, consideró que debe haber mayor preocupación por la posibilidad de que no se esté detectando la salida de las víctimas en las fronteras.   

Casa Alianza este año ha atendido ocho casos de trata de personas que han involucrado a 24 víctimas.
“Se necesitan políticas públicas de prevención desde el gobierno como: campañas educativas, divulgación, medios de comunicación, y desde la atención no existe una directriz, un norte, para darle una atención integral a la víctima”, cuestionó Solís.

Pero el subcomisionado López descartó que en nuestro país existan redes organizadas de trata de personas, aunque dijo que informaciones que han obtenido de sus homólogos de otros países, señalan que hay nicaragüenses que tienen vínculos con algunas redes establecidas en Guatemala y El Salvador.

La Policía aseveró que han capacitado a 11 mil 514 personas miembros de colegios, ONG, Comisarías de la Mujer, Gabinetes del Poder Ciudadano, funcionarios de Estado, y a 500 oficiales sobre el tema de trata de personas.