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En menos de dos meses, un par de líderes comunitarios de Awaltara fueron asesinados. Un exalcalde, miembros de la organización partida en dos directivas, incluso pastores, analizan las causas del grave problema.

En cada comunidad indígena o étnica existe la autoridad Comunal Tradicional que de acuerdo con la Ley 445, ley para la demarcación de tierras indígenas, es la autoridad electa en Asamblea Comunal, según las costumbres y tradiciones de cada grupo étnico que pueden ser: Síndico, Wihta, Coordinador u otros.

Uno de los problemas que se presentan en el proceso de la demarcación, es la manipulación política que se da en los momentos que debe elegir la junta directiva que constituyen la autoridad territorial, electa por la asamblea de  cada territorio y que representa a un conjunto de comunidades indígenas o étnicas que forman una unidad territorial. 

 

En la RAAS, el problema se presenta con los gobiernos territoriales de Awaltara, (La Desembocadura del Río Grande de Matagalpa) Tasbaponie (Laguna de Perlas)  y Bluefields. Los procesos de elección politizados han creado un caos con la creación de dos juntas directivas de estos gobiernos territoriales y ha despertado el interés de los líderes comunitarios para el usufructo y aprovechamiento de los impuestos que resultan de la explotación de los recursos.  

“Esto ha originado que tengamos 2 muertos en menos de 2 meses por conflictos de tierra y la venta de madera. Primero fue Rodney Donw quien estuvo en mi programa de radio y dijo públicamente: “Me van a matar por estar reclamando mis tierras” y ahora el Síndico de la Comunidad de Betania aparece muerto por reclamar los derechos de su comunidad”, dice Moisés Arana, quien afirma “estamos indefensos, vulnerables ante secuaces y matones”.  

La manzana de la discordia
Según Arana, la concesión por el poder y el dinero inicia con el gobierno de turno, que monopoliza los bienes de producción y reparte entre familiares el botín económico del país. “Que me digan qué institución o ministerio es transparente. Todos están corruptos, y para colmo ahora hasta los gobiernos indígenas están actuando al ritmo del dinero”, dice el exalcalde de Bluefields.  

El Artículo 34 de la ley 445, dice: los tributos recaudados por el Fisco en concepto de derechos de aprovechamiento de recursos naturales en las Regiones Autónomas deben beneficiar directamente a las comunidades indígenas en cuyas áreas se encuentren los recursos naturales. La distribución de estos recursos será así:  

1.-    Un 25% para la comunidad o comunidades indígenas donde se encuentre el recurso a aprovechar;

2.- Un 25% para el municipio en donde se encuentra la comunidad indígena; 3.- Un 25% para el Consejo y Gobierno Regional correspondiente; y 4.-Un 25% para el Gobierno Central.  

Estos Fondos deberán ser entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Representante legal de cada una de las instancias señaladas. En esta repartición, los avales para la explotación de la madera y los impuestos recaudados a las empresas comercializadoras, está la manzana de la discordia.

 Hasta alcalde y pastores
El comité ejecutivo nacional de la Iglesia Maranatha Pentecostés expulsó a tres de sus pastores evangélicos de las comunidades de Karawala, Walpa y la Esperanza, iglesias comunitarias ubicadas en el municipio la Desembocadura del Río Grande, en la Región Autónoma Atlántico Sur.

El reverendo Santos Talavera, presidente del comité ejecutivo nacional dice que los pastores Silvio Simón, de la Iglesia de Karawala, Zeledón Walter, pastor de la iglesia de Palpa, y Rogelio Lackwood, pastor de la iglesia de la Esperanza, fueron suspendidos de sus cargos y declarados non gratos por haber tomado parte del patrimonio del templo, sin ninguna autorización.

Talavera dijo que en las últimas semanas varias  rastras salieron hacia Managua, luego que los vendedores recibieran un adelanto de 250 mil dólares, y señala que la coordinadora de facto de Awaltara, Haydée Bautista, habría pasado los papeles a nombre de los “pastores”, según las denuncias de Maranatha y de la empresa maderera Robles del Monte.

 

La zompopera del Tortuguero

A mediados de agosto, cientos de familias del municipio El Tortuguero se mantuvieron a la defensiva y al resguardo de más de 17 mil pies de madera granadillo que fueron cortados de manera ilegal. Los campesinos hasta cercaron con alambre de púas el río del Tortuguero, con el objeto que la Fuerza Naval no ocupara la madera.

Así permaneció secuestrada durante más de 15 días por miembros de la comunidad. “La madera estuvo en custodia por el Ejército porque mucha gente estaba armada con palos y armas para no permitir la ocupación por el Inafor”, dijo  Harleth Campbell, delegada regional del Instituto Nacional Forestal (Inafor), quien argumentó que el alcalde de ese nunicipio, Francisco Solano fue  uno de los promotores en manipular a la gente y al concejo municipal para mantener secuestrada la madera que al final fue ocupada por el Inafor.

El negocio de madera del Tortuguero, La Desembocadura del Rio Grande y El Tortuguero operan con la premisa “Venda su madera a nosotros y resuelva sus necesidades”, llegan a las fincas de los comunitarios, quienes desconocen las regulaciones de ley y el impacto negativo al medio ambiente y se venden al mejor postor.

El crimen
A inicios de esta semana Ronald Davis, de 51 años de edad, vicepresidente de la junta directiva Awaltara, (Awaltara Luhpia Nani Tasbaya o La Unidad de los Hijos e Hijas del Río Grande de Matagalpa) y síndico de la comunidad de Betania, fue asesinado en la trocha a Nueva Guinea, a 5 kilómetros de Bluefields. El comisionado mayor Guillermo Saballos, jefe policial en el Atlántico Sur, señaló  que el móvil del crimen podría estar asociado a los reclamos que hacía el síndico o líder comunitario a la empresa de madera ubicada en la comunidad de Betania.  

La Policía detuvo a Elmer Antonio Hodgson, Karen María Rocha Omier (acusados como los cooperadores necesarios), los hermanos Luder Campbell (supuesto autor intelectual) y Celeste Campbell, (representa a la empresa maderera, a quien la víctima le envió una carta el 16 de agosto realizando  los reclamos y el cobro de impuestos de la madera explotada).
 
Todos se acusan
 Lenin Simon, representante de la junta directiva Awaltara, del grupo de Haydée Bautista, dijo que el problema de las juntas directivas persiste porque los miembros de la junta directiva del Concejo regional integrada por los concejales liberales Rayfield Hodgson, Eduardo Ruíz y Glenford Habraham no certifican ni avalan a líderes electos por la comunidad. “Ellos son responsables de todo este alboroto, quieren manipular a su gusto y antojo las directivas de los gobiernos territoriales para satisfacer sus caprichos políticos”, dice Simon.

Glenford Habraham, segundo secretario de la Junta Directiva del Concejo Regional de la RAAS, dijo que el gobierno sandinista, Brooklyn Rivera y Lumberto Campbell están originando el problema, otorgando resolución a otras juntas directivas. “Ellos son los del problema, ellos tienen sus intereses y no tienen ninguna facultad para intervenir en los gobiernos territoriales”, dijo Habram.

Retornar el poder ancestral
El sociólogo Bismarck Castañeda considera que la problemática se presenta por la falta de capacidad de los líderes comunitarios para gerenciar los gobiernos territoriales. “Se necesita capacitar y acompañar la gestión que realizan los líderes comunitarios, no contamos con políticos transparentes en su gestión y los concejales regionales son incapaces de promover la concertación y el diálogo entre nuestras comunidades”, dice Castañeda.

Considera que una de las salida para solucionar el conflicto es la recuperación del poder tradicional. “Se tiene un vacío de liderazgo, porque se han fabricado una serie de cargos a partir de la Ley 445; deben de mantenerse las estructuras tradicionales de cada comunidad, la falta de acuerdos entre los líderes territoriales y la influencia de los partidos políticos obliga a que dirigentes comunales busquen padrinos políticos para resolver sus diferencias”

“El dinero es el estiércol del Diablo”
Moisés Arana dice que la salida consiste en quitar la dependencia política de Managua y fortalecer la identidad costeña. “Cuando yo era alcalde, un ministro del gobierno del presidente Bolaños me preguntó qué era la autonomía, y eso me asustó, y creo que la salida a este problema es poner en práctica la verdadera identidad de lo que somos. Si fuéramos realmente hermanos costeños, con una identidad basada en el respeto a la diversidad cultural, esto no ocurriera”
Y propone que los costeños deben unir esfuerzos para crear un movimiento indígena que lidere el proceso autonómico regional. “Necesitamos un movimiento con visión autonómica, porque gobernadores y presidentes
del concejo regional se han vendido a los políticos nacionales en la corta vida de la autonomía. Nuestras universidades se han quedado en silencio, en alguna de ellas hasta se hacen prácticas dictatoriales de caudillismo” comenta Arana.  

El ex edil de Blufields invoca el pensamiento de Giovanni Papini quien dijo “El dinero es el estiércol del Diablo”, y remata: “Yatama se vende al mejor postor, todos sus dirigentes son dependientes del danielismo, donde privan los intereses personales y se pone en primer, segundo y tercer lugar el dinero. Ahora esta podredumbre está llegando a nuestras autoridades territoriales, que permanecerá hasta que cada uno de nosotros lo sigamos permitiendo”.