•  |
  •  |

Durante el último quinquenio, Nicaragua ha vivido en permanente reforma tributaria. Nueve impuestos y siete tasas son la prueba de que impera una anarquía en los tributos, algunos de los cuales no fueron aprobados por el Legislativo, tal como lo manda la Constitución Política, sino a través de decretos y de acuerdos presidenciales.

Para iniciar el repaso por estos cinco años de constantes modificaciones fiscales, debe saberse que hay tres tipos de tributos: el impuesto, que es el tributo con el que no se recibe nada a cambio, como el IR; la tasa, que es un pago por el que se recibe algo, como la placa vehicular y el pasaporte; y la contribución especial, que es el de la seguridad social.

La proliferación de nuevos tributos ha provocado múltiples distorsiones, considera el experto fiscal Julio Francisco Báez. “No es cierto que aquí hubo una reforma tributaria en 2010, hay una reforma tributaria desordenada y permanente”, indica Báez.

La reforma a la Ley General de Turismo, Ley 495, en su artículo 21 establece, entre otros, que parte del patrimonio y de los ingresos del Intur es el 4% de la facturación de las empresas prestadoras de servicios de la industria turística, proveniente del 15% del impuesto al Valor Agregado (IVA), recaudado por este sector.

Dicho artículo agrega que “este porcentaje podrá ser revisado anualmente con base en los niveles de recaudación y a las necesidades propias del Intur”. Ese porcentaje no es para el sector turismo, sino a la institución burocrática que representa el mencionado instituto.

Cobro al turismo
En ese mismo artículo se establecieron cinco impuestos más, entre ellos el monto del 2% por cada noche de habitación de un huésped registrado en un hotel, cuya tarifa sea mayor de 30 dólares.

“¿Quién paga este impuesto? ¿El hotel o el huésped? Estamos promoviendo el turismo a través de cargos al turista”, comenta el experto. Otro punto de análisis es que estos impuestos generan más ingresos al Intur, aparte de los ya contemplados en el Presupuesto General de la República.

Detrás de esta ley --prosigue Báez-- no hay una reglamentación que la operativice. En este caso no existe un mecanismo preciso, transparente, de rendición de cuentas de cuánto fue el 15% del IVA recaudado en este sector.

Otro caso es el de los aranceles dispuestos en la Ley de Migración y Extranjería, que también son manejados paralelamente al Presupuesto General de la República.

Según esta ley, por un certificado de movimiento migratorio que solicite cualquier ciudadano se deberá pagar 200 córdobas, y si la persona requiere de un trámite expedito de 24 horas, pagará por ese certificado un monto adicional de 100 córdobas; en un período de 48 horas, 80 córdobas, y en trámite de 72 horas pagará 60 córdobas extra.
“La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), por obra y gracia de una ley recibe el 0.5% de los ingresos totales de las agencias de seguros, corredores individuales, correduría, comercializadoras de seguros. Eso a todas luces, técnicamente hablando, es un impuesto”, agrega Báez.

Presidente legislador
El Decreto 14-2009 de Aranceles del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, es un ejemplo de cómo el presidente Daniel Ortega ha usurpado las labores de la Asamblea Nacional, al legislar en materia tributaria, contraviniendo la Carta Magna.

En La Gaceta, Diario Oficial, del tres de marzo de 2009, Ortega publicó el Decreto 14-2009, que en su capítulo 1 establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) percibirá el importe de los derechos de inscripción de documentos u otras operaciones que se realicen en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

“Son una tasa, y como tasa tienen que ser dictados por la Asamblea Nacional, y los dictó con una doble inconstitucionalidad. Primero porque no le compete a él, y, segundo, porque destinó un presupuesto complementario a la Corte Suprema de Justicia”, sostiene Báez.

Báez hace ver que según el decreto, los aranceles se pagarán a las instituciones bancarias que designe el Poder Judicial, es decir, que este dinero no entra al Presupuesto General de la República, cuyo 4% es destinado a la Corte.

El segundo capítulo del decreto presidencial establece los nuevos precios de los servicios y trámites, que fueron aumentados hasta seis veces en comparación con los aranceles vigentes antes de la emisión del decreto.

Dos meses antes, Ortega había practicado el mismo método con la Ley de Seguridad Social al reformar su reglamento mediante el Decreto 95-2009, que incrementó la contribución del empleador en un 1%.

El INSS recibe 21.50% en concepto de tributo de seguridad social, distribuidos así: el empresariado paga 15%, los trabajadores 6.25% y 0.25% el Estado.

Menos criticable, más inútil
El impuesto cuya causa podría considerarse más noble y por tal menos criticable, a juicio de Báez, es el tributo a la pesca de langosta, contenido en la Ley de Protección y Seguridad a las personas dedicadas a la actividad del buceo.

Esta ley contempla que US$0.7 será el impuesto que pagarán las empresas por cada libra de langosta. Báez, sin embargo, se pregunta a quién realmente va destinado ese dinero, cuánto significa, quién lo maneja y si realmente ha funcionado.

“Es el menos criticable, porque aunque tenga ese destino que deforma la presupuestación como instrumento único de la nación, su objetivo y su destino es el menos criticable, pero puede ser que hagamos política en nombre de una causa noble”, expresa el experto.

Igual ocurre con la Ley General de Aguas, que establece el pago de un canon por el uso y aprovechamiento de los bienes nacionales que administra la Autoridad del Agua.

No obstante, este canon se establecerá y aprobará mediante una ley especial que será dictada por la Asamblea Nacional. Hasta la fecha, no ha sido aprobada.

¿Necesitamos recaudar?
“Sí, porque la presión tributaria es muy baja, pero ¿cómo hacerlo? Con calidad”, responde Báez, quien junto a su hermano se ha dedicado a estudiar todo lo relativo a impuestos en las últimas décadas.

La Ley de Equidad Fiscal aprobada en diciembre de 2009 establece que el año fiscal comienza a partir del primero de enero. Entre otros, se reformó la base de cobro a los casinos, amplió la lista de bienes que no están exonerados y se exoneró del Impuesto sobre la Renta (IR) a aquellos trabajadores que devengan un techo salarial de 75,000 córdobas anuales.

Con esta ley se pretendía recaudar unos 950 millones de córdobas para cubrir parte del déficit del Presupuesto General de la República 2010.

El caso de las cédulas a C$300
Aunque el cobro de 300 córdobas por cédula nueva no se puede considerar como un impuesto a la ciudadanía establecido por el gobierno directamente, sí es una tasa  adicional a la población que requiera reponer el documento de identidad con inmediatez, lo que viola las leyes y la Constitución, según el experto en temas fiscales Julio Francisco Báez.

El Consejo Supremo Electoral determinó el año pasado cobrar 300 córdobas por reposición de cédula nueva, lo cual, a criterio de Báez, es “una grave transgresión constitucional y posible comisión de delitos”.

Según Báez, citando el Código Penal, el CSE puede estar cometiendo el delito de abuso de autoridad (artículo 432) y el delito de “exacción, aplicable a quien establezca un cobro o arancel que no está basado en la ley”.

“Este cobro consiste en una transgresión a la Constitución; es un tributo inventado por un organismo de gobierno que no es el Poder Legislativo, que es la única instancia autorizada a legislar en materia de impuestos”, dijo el experto, quien denunció al CSE ante la Contraloría General de la República por este cobro.