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Tras ocho meses de espera, las familias que se apostaron a vivir en una champa plástica frente a la Corte Suprema de Justicia, en reclamo por la devolución de las propiedades que les fueron decomisadas, iniciaron ayer huelga de hambre en demanda de una pronta resolución judicial.

Los afectados fueron expulsados de sus viviendas el año pasado, después que decomisaran sus propiedades a través de una sentencia judicial en la que condenaron a 30 años de prisión a su familiar Frank Oviedo, por narcotráfico y lavado de dinero, y a ellos (familiares)  los señalan como supuestos testaferros.

“El retardo de justicia no es justicia. Aquí hemos aguantado hambre, sol, frío zancudos y los magistrados nos mantienen engañados de semana en semana, por eso decidimos empezar la huelga”, afirmó Evert Martínez, uno de los afectados.

El ayuno lo empezará Martínez y a medida que pase el tiempo se sumará el resto de familiares, explicó el afectado. También recalcan no tener nada que ver en el caso, pues sus propiedades fueron adquiridas de forma legal.

La próxima semana, dice Solís
Mientras tanto, la magistrada Juana Méndez, quien está haciendo el estudio del caso, expresó que ya concluyeron la revisión de propiedades, que fue lo más complejo, y ahora procederán al debate en grupo, sin especificar fecha probable, pues aseguró que no es el único asunto que deben atender.

“Es un grupo bastante grande de  propiedades, tanto muebles como  inmuebles, y se verificó en qué tiempo fueron obtenidas y se tendrá que decidir si se reconoce, si había vinculación o no que justifique ese decomiso”, dijo Méndez, tras salir de audiencias de casación.

El doctor Rafael Solís expresó que probablemente se discuta el caso la próxima semana, porque en esta hay varios magistrados que van para Costa Rica a un evento relacionado con el Derecho Constitucional.

Huelga no incide en fallo
Para el doctor Armengol Cuadra, Presidente de la Sala Penal, no es necesario la huelga de hambre porque el papel de ellos es agilizar los procesos, por eso las audiencias son orales.

“Lo que pasa tal vez es que en este caso se están analizando algunas propiedades y eso atrasa”, refirió Cuadra.

Al respecto, la magistrada Méndez dijo que a su parecer la huelga es un ejercicio de los ciudadanos en el Estado de democracia, de libertad, pero no incidía en la resolución que ellos pudieran dar.

“Vamos a decidir lo que en derecho corresponda, según las pruebas que rolan en el expediente, pero sí hemos tratado de examinar el caso, creo que sí está próximo a resolverse”, aclaró Méndez.

Mientras tanto, los magistrados Manuel Martínez y Yadira Centeno, que también estuvieron en la audiencia de casación, el pasado 12 de diciembre, manifestaron que están a la espera del proyecto de sentencia del caso que hagan sus colegas para resolver pronto a esta gente.

Uno de los retrasos en el estudio del caso fue la entrega del inventario de las propiedades decomisadas, por parte de Telémaco Talavera, rector de la Universidad Nacional Agraria, UNA, a quien la Procuraduría General de la República entregó las tierras en depósito.