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Nueve instituciones son las beneficiadas con la danza de tributos emitidos en el último quinquenio, pero la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio de Gobernación, es la entidad cuya ley contempla el mayor número de tasas.

La Ley de Migración y Extranjería en sus artículos del 121 al 123 contempla 84 tasas de pagos por servicios migratorios para nacionales y extranjeros. Con una cantidad un poco menor, 77, le sigue la Ley de Tasas por Servicios Consulares.

El artículo siete de la ley establece que estas recaudaciones serán destinadas “a fortalecer la capacidad de atención de los Consulados a los nicaragüenses en el exterior y extranjeros que demanden servicios consulares”. También contempla que los cobros deben ser realizados por los funcionarios de las misiones diplomáticas y consulares.

El experto en temas fiscales, Julio Francisco Báez, indicó que un ejemplo de cómo parte de estos tributos es trasladado al consumidor, es el gravamen del 2.5% sobre la facturación mensual a cargo de las empresas distribuidoras de energía contenido en la Ley de Distribución de Energía Eléctrica.

Báez consideró que los 16 nuevos tributos creados en los últimos cinco años, algunos mediante ley, tal como lo establece la Constitución Política y otros emitidos ilegalmente vía Decreto o Acuerdo Presidencial, develan la constante y anárquica reforma tributaria que se vive en Nicaragua.

El Instituto para la Vivienda Urbana y Rural, Invur, se beneficia con el timbre de 1,000 córdobas para el apoyo de proyectos habitacionales.

Según el artículo 125 de la Ley Especial de Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social, el monto recaudado se destinará de forma exclusiva y de forma única para el desarrollo de proyectos y programas habitacionales con subsidios a través del Fondo Social de Vivienda (Fosovi).

Entre los aranceles dispuestos en la Ley de Migración y Extranjería, manejados paralelamente al Presupuesto General de la República, están los cobros por certificados de movimiento migratorio, por trámites expeditos de 24 horas, entre otros.

Báez anota el impuesto a la prestación de servicios postales equivalente al 0.5% de utilidades netas contenido en la Ley General de Correos, está destinado a engrosar el doble presupuesto de Telcor.