•  |
  •  |

Representantes de 16 comunidades de la unidad territorial Awaltara Luhpia Nani Tasbaya, (La unidad de los hijos e hijas del Río Grande de Matagalpa), jurisdicción de la Región Autónoma del Atlántico Sur, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra parte de la directiva del Consejo Regional de ese lugar y de algunos funcionarios que, según ellos, han violado la Constitución, leyes y reglamentos municipales.

Lenny Simon Watson, representante legal del gobierno territorial Awaltara, explicó que la denuncia es contra Rayfield Hodgson Bobb, Eduardo Ruiz y Glenford Abraham Elick, presidente, primer secretario y segundo secretario del Consejo Regional de la RAAS, por los delitos de discriminación, promoción de la discriminación, suspensión de garantías constitucionales, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Asimismo, los denunciantes acusan a Judith Abraham Omier y Eduardo Nixon Ellis, de haber cometido los delitos de usurpación de funciones y cargo.

Estos últimos son señalados de haber sido impuestos ilegalmente por los líderes del Consejo Regional, como presidente y representante legal de la comunidad de Karawala, en una elección que nunca existió y cuyo nombramiento obedece a un tráfico de influencias, ya que Judith es sobrina de Glenford, según los quejosos.

Esperan investigación
Watson dijo que quienes resultaron electos legalmente para esos cargos son la profesora Haydee Bautista como presidenta y él de representante legal, lo que fue certificado por la licenciada Yadira Flores, coordinadora del Gobierno Regional, pero ignorado por los miembros antes señalados.

“Esperamos que el Ministerio Público haga las investigaciones correspondientes junto a la Policía Nacional. Prácticamente aquí se van a hacer investigaciones de tipo documental que van a evidenciar los hechos, incluso hay una denuncia contra Eduardo Nixon por haber usado y falsificado documentos públicos”, aseveró Watson.

El Fiscal General de la República, Julio Centeno, dijo que le darán al caso el trámite correspondiente y que podría ser para el fiscal Armando Juárez, que mira los delitos electorales, pero que van a ver de qué competencia es.