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Lucrecia Ponce, mamá de Evans Omar Orozco Ponce, asesinado en mayo pasado por seis adolescentes, tomó la palabra ayer durante la audiencia de Apelación, y solicitó a los magistrados de la Sala Penal Uno, que ratifiquen la sentencia de primera instancia, donde se castiga a los agresores a seis años de cárcel.

“El proceso se ha desarrollado de forma transparente, y espero que una vez más se le haga justicia a mi hijo”, recalcó Ponce.

Durante la audiencia a puertas cerradas en el Tribunal de Apelaciones de Managua, los abogados de los acusados solicitaron introducir nuevas pruebas, así como cambio en la tipificación del delito a los procesados, para disminuir la pena de seis a tres años.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público, Sardes Pérez, descalificó cada una de las pretensiones de las defensas, y solicitó que se mantuviera la calificación del delito y la condena de seis años, pena máxima establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

La audiencia se desarrolló con plena tranquilidad, ya que se guardaron las medidas de seguridad, desde el ingreso de las partes al TAM hasta la salida. Había vigilancia del sistema penitenciario, así como policías que resguardan el Tribunal, y la vigilancia interna del Poder Judicial.

Caso emblemático
Los señalados, además de ser procesados por asesinato en perjuicio del universitario, también son acusados de tentativa de homicidio y robo con violencia agravado en grado de tentativa, en contra de Alfredo Lumbí Zeledón y Eddy Rodríguez Sandoval.  La magistrada Ileana Pérez, Presidenta de la Sala, expresó que una vez escuchado los alegatos de las partes, la Sala se pronunciará de acuerdo con el plazo establecido en la ley.

Los otros magistrados que participaron en la audiencia fueron Rafaela Urroz, en sustitución de la doctora Ángela Dávila, quien tenía un problema personal y no asistió, y Rafael Avellán. El caso ha sido emblemático, ya que la comunidad universitaria a partir de este asesinato, promovió la reforma al Código de la Niñez, en sus artículos 202 y 203, referente a la pena y a los delitos que contemplan la privación de libertad.

Los hechos sucedieron en mayo de este año cerca de la rotonda “Rubén Darío”, cerca de Metrocentro.