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A tres meses de terminar 2011, los casos de El Ayote --como es conocido el asesinato de la periodista María José Bravo-- y el referido a la restitución del aborto terapéutico continúan empantanados en la Corte Suprema de Justicia.
Al ser consultado sobre estos fallos pendientes, el magistrado Manuel Martínez contestó: “Esos temas no se tocan, son tabú”, sin dar más explicaciones.

Mientras tanto, el doctor Armengol Cuadra, Presidente de la Sala Penal, expresó que “esos ahí están. La doctora (Yadira) Centeno hizo el proyecto de sentencia del caso de El Ayote, confirmando sentencia del Tribunal (25 años de cárcel por asesinato), lo firmaron el doctor (Rafael) Solís y la doctora (Juana) Méndez, pero falta una firma, así que ahí está”.

El proyecto de sentencia mencionado por Cuadra está desde junio de 2009, cuando los magistrados liberales también elaboraron un proyecto donde cambian la tipificación del delito de asesinato a homicidio imprudente, basándose en la famosa teoría de la “bala saltarina”. Este proyecto tiene la firma de los magistrados liberales Sergio Cuarezma, Antonio Alemán y Gabriel Rivera.

Rumor
Este último proyecto beneficiaría al exalcalde liberal de El Ayote, Eugenio Hernández González, ya que la pena pasaría de 25 a 4 años de cárcel, y de inmediato recuperaría su libertad.
A ambas propuestas les hace falta una firma, ya que un proyecto queda invariable con el voto favorable de al menos cuatro magistrados que presenciaron la audiencia de casación, según el Código Procesal Penal, pero en este caso cada proyecto tiene tres rúbricas, pero aún no se deciden qué grupo cederá su voto al bando contrario.

En las últimas semanas ha surgido el rumor de que antes o después de las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre, la Corte resolverá el caso, aprovechándose de las circunstancias electorales, para evitar mayor escándalo.

De ser ciertos los rumores, no sería extraño que la fecha en que le fue arrebatada la vida a la periodista María José Bravo, 9 de noviembre de 2004, coincida --siete años después-- con la liberación de su asesino, en un nuevo contexto electoral.

Bravo fue asesinada mientras esperaba los resultados finales de los comicios municipales, en las afueras del Instituto Nacional de Chontales.

Hernández González, exalcalde liberal de El Ayote, fue condenado en 2005 a 25 años de presidio por el delito de asesinato en perjuicio de Bravo.

Tras ser condenado por un juez de primera instancia, la defensa de Hernández González apeló la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Central (Chontales), donde los magistrados de la Sala Penal no dieron lugar a dicho recurso, y confirmaron la condena que impuso el juez de primera instancia, por lo que la defensa recurrió de casación ante la Sala Penal de la Corte.

¿Y el aborto terapéutico?
Desde enero de 2008 fueron interpuestos recursos por inconstitucionalidad por la penalización del aborto terapéutico, desde entonces a la fecha, los magistrados de la Sala Constitucional no se han pronunciado al respecto.

Lo último que dijo la Corte, a través de la magistrada-presidenta Alba Luz Ramos, y del magistrado Marvin Aguilar, a una delegación de Amnistía Internacional que visitó el país en julio pasado, fue que no era necesario pronunciarse porque en el Protocolo del Ministerio de Salud se establece el procedimiento para practicar un aborto terapéutico.

Sin embargo, los movimientos de mujeres y organizaciones de derechos humanos, más el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico continúan presionando para que de una vez la Corte cumpla con su deber y se pronuncie respecto al caso.

“Los plazos para dar a conocer la resolución ya se vencieron, sin embargo, ahí está durmiendo el sueño de los justos, por un sistema partidizado que pasa sobre los derechos humanos”, expresó Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres.

Las mujeres organizadas en pro del aborto terapéutico se han manifestado de diversas formas en repudio a la penalización de esa práctica, y exigen que la CSJ se pronuncie de forma definitiva alrededor del tema.

En septiembre de 2009, las Mujeres del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, se encadenaron a la CSJ para exigir nuevamente a los magistrados judiciales una sentencia definitiva.
Entre las mujeres encadenadas estuvo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, quien manifestó que los magistrados judiciales violan la ley al no emitir sentencia, porque demoran la justicia y no permiten que las mujeres recurran a instancias internacionales, pues para ello necesitan agotar los procedimientos en Nicaragua.

Falta voluntad política
Recientemente presentaron los resultados de una encuesta donde cada vez más ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses demandan la despenalización del aborto terapéutico.

Si la Corte sentencia a favor, Nicaragua dejaría de ser señalada como violadora de los derechos humanos, pero falta voluntad política. Sin embargo, la decisión que debe adoptar el máximo órgano de justicia “la han tomado como carta negociadora entre la Iglesia y el Gobierno, pasando sobre nuestros derechos”, agregó Jiménez.

En lo que falta de este año electoral solo queda seguir presionando, para que de una vez la Corte se pronuncie sobre este tema de salud pública que atenta contra la vida de las mujeres.