Lizbeth García
  •  |
  •  |
  • END

Si el ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, Enitel, Jorge Solís Faria, no se presenta al juzgado para responder a las acusaciones que la Fiscalía y la Procuraduría le opusieron por la presunta coautoría de los delitos de asociación ilícita para delinquir y fraude en perjuicio del Estado hasta por 251 mil 910 dólares, es decir, tres millones 53 mil córdobas, podría ser declarado en rebeldía y mandado a capturar.

Solís fue citado para comparecer este miércoles ante la juez suplente Octavo Penal de Audiencias, María Mercedes Rocha, para la audiencia inicial-preliminar del juicio que data desde 2005, pero no asistió a la vista, por lo que la judicial adelantó que lo volverá a citar.

Junto a Solís también fueron acusados Silvio Argüello Herdocia y Ermes Agustín Gurdián Alfaro, ambos ex funcionarios de Enitel, y Otto Mejía Chavarría en su carácter de representante de Comercial Delgado Mejía S.A., D.M.S.A., pero sólo los dos primeros comparecieron a la audiencia, donde la juez Rocha les programó juicio oral y público para el 28 de abril.

La Fiscalía presentó años atrás la acusación, pero tras varios años de espera, finalmente el Tribunal de Apelaciones determinó que la causa no había prescrito al momento de la acusación.

Compra irregular
El escrito acusatorio indica que en julio de 1999, Argüello y Gurdián, en su carácter de funcionarios de Enitel y como miembros del Comité de Evaluación, avalaron la irregular compra de 3 mil 200 kilómetros de cable de tendido telefónico a la empresa D.M.S.A., que para la Fiscalía y Procuraduría era una empresa fantasma, porque ni oficina tenía.

La acusación explica que los acusados no cumplieron los procedimientos de ley para contratar a la empresa D.M.S.A., porque debió haberse dado una licitación pública y no una privada como la hubo.

Supuestamente, Silvio Argüello aprobó como director interino la compra por orientaciones de Jorge Solís; y Gurdián, como director de adquisiciones, autorizó los pagos e incluso la entrega de un adelanto de 187 mil dólares, aunque el gran total del fraude acusado asciende a 251 mil 910 dólares.

La abogada Patricia Martínez opuso una excepción, alegando que Argüello fue amparado contra la resolución, en la que la Contraloría General de la República estableció presunción de responsabilidad penal por el caso.

Sin embargo, la juez no le dio lugar a la excepción, porque la sentencia de la Corte Suprema que la defensora presentó, efectivamente, amparaba a Argüello, pero en el caso Enitel-Constructora Calero-Pereira, en el que la Contraloría denunció de nulidad dicho contrato.

Prisión domiciliar
Para mientras llega el juicio oral y público, la juez conminó a Argüello y a Gurdián a no salir de Nicaragua ni de sus casas, donde deberán permanecer arrestados, igualmente, deberán inscribir una propiedad a favor del Estado, que es el perjudicado en este caso.

Argüello dijo que hubiese preferido una caución económica, porque él necesita salir de su casa debido a que tiene que velar por su madre, quien está en estado de coma desde hace doce años, sin embargo, la juez dijo que el acusado perfectamente puede salir para llevar al hospital a su madre en caso de emergencia.

Aunque la Fiscalía y la Procuraduría no manifestaron inconformidad por las medidas cautelares que la juez aplicó a los acusados, el Ministerio Público esperaba --y así lo solicitó-- que les impusieran una caución de 50 mil dólares a cada uno.

El representante del Estado, Hernaldo Chamorro, incluso pidió prisión para ellos, pero ninguna de las peticiones tuvo eco.