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A las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Nicaragua está enviando a personas sin capacidad de decisión, y únicamente en calidad de oyentes para dirimir los casos donde al Estado nicaragüense es señalado de violentar los derechos ciudadanos.

El anterior señalamiento fue remarcado por Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien considera que tal situación demuestra desprecio a una organización tan importante a nivel internacional, lo cual puede desembocar en una condena de la organización.

Llega sólo a observar
“Nicaragua tiene alrededor de nueve casos de violación a los derechos humanos en la CIDH, la mayoría de gobiernos anteriores, y sólo uno contra el gobierno de Daniel Ortega por falta de sanción contra dos policías torturadores. En este período hemos notado que se está enviando a delegados que desde su entrada prácticamente advierten que llegan como observadores y no tienen capacidad de decisión”.

Izabá comenta que, en otros gobiernos, los delegados tuvieron nivel de vicecanciller, subprocurador general de la República e inclusive de viceministros, con los cuales se han llegado a acuerdos en busca de solucionar los casos; sin embargo, en las últimas audiencias, con el gobierno de Ortega, no se siente que haya una contraparte para dialogar en la CIDH.

“Es difícil llegar a una reunión sin tener una contraparte que no está debidamente apoderada, y desde octubre del año pasado hemos pedido que el Estado eleve el rango de capacidad de sus delegaciones, pero más bien disminuyó esto, como fue evidente en la última reunión recientemente realizada, donde el delegado gubernamental, el ministro consejero Luis Alvarado Ramírez, fue específico en cuanto a que no podía dar una respuesta”.

Desprecio o ignorancia
La diferencia se observa en la responsabilidad asumida por países como México, El Salvador y Honduras, entre otros, que envían hasta a diez representantes dispuestos a encontrar soluciones. “Aunque no es la cantidad de personas, sino la capacidad”.

“Lo peor que le puede suceder al Estado de Nicaragua es tener muchos casos en la agenda internacional. Por otra parte, el mandatario Daniel Ortega no ha mostrado interés por cumplir las resoluciones y recomendaciones de la CIDH. Esto denota o desprecio o un desconocimiento de lo relevante del caso y de la importancia de los organismos internacionales de derechos humanos”, dijo Izabá.