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Dos nicaragüenses, supuestamente vinculados al grupo criminal de Los Zetas, de México, enfrentan proceso judicial en esta ciudad de Somoto, departamento de Madriz, acusados por los delitos de “crimen organizado, trata de personas con fines de esclavitud y explotación sexual o adopción”.

Los indiciados son Julio César Leiva Dávila, de 60 años, apresado en su propio pueblo, San Isidro, departamento de Matagalpa, y Walter José Morales García, de 35 años, detenido en Managua, de donde es originario.

A preguntas de los periodistas, durante una conferencia de prensa este lunes, el comisionado mayor José López Dolmus, jefe policial en Madriz, dijo que las dos personas sospechosas de trabajarles a Los Zetas, fueron detenidas en un operativo especial de la Policía y del Ejército de Nicaragua.

Los vendían en 4 mil dólares
Los dos detenidos fueron remitidos a la jurisdicción de Madriz, porque según la Fiscalía General, correspondía a este departamento enjuiciarlos, ya que fue aquí donde concluyeron el acto delictivo al pasar “reclutas” por el puesto fronterizo El Espino para transportarlos hacia Guatemala con el documento CA-4.

A Leiva Dávila se le menciona en el proceso como tío de Noé Muñoz Dávila, actualmente prófugo y residiendo en México. Era el encargado de visitar casa por casa a los potenciales jóvenes, mayores de 18 años, para llevarlos engañados al país azteca con la promesa de ubicarlos en empleos como vigilantes de seguridad y otras ocupaciones.

Se indica que en un lugar del país, los reunían para contratarlos laboralmente, ofreciéndoles salarios de hasta mil dólares quincenales. Una vez en el destino (México), Muñoz Dávila los entregaba a Los Zetas, a razón de 4 mil dólares por individuo. Las autoridades madricenses presumen que varios nacionales pudieron ser llevados bajo esta condición.

20 víctimas bajo protección

Los indiciados ya están con prisión preventiva en el Sistema Penitenciario Nacional en espera de la audiencia inicial.

Para el tipo de delitos que se les acusa, el Código Penal establece penas de 7 a 10 años de prisión.

La Fiscalía departamental ha solicitado una audiencia de “anticipo de pruebas”, para que la Juez de Distrito de Audiencias Penales, Rosa Edelmira Ruiz, escuche el testimonio de unas 20 personas en la condición de “víctimas bajo protección”.