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Dirigentes de organismos defensores de los consumidores manifestaron ayer que es el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua, Irtramma, debe garantizar que en la capital queden operando las suficientes unidades para que la población pueda movilizarse, cuando haya contrataciones para actividades políticas.

Desde hace tres fines de semana, el déficit de unidades de transporte es notorio en Managua, porque la mayoría de buses han sido contratados para trasladar a los seguidores del candidato del Gobierno a sus concentraciones fuera de la capital, y los pobladores tienen que esperar hasta 40 minutos en una parada por un bus.

Ricardo Osejo, representante de la Organización de Defensa de los Consumidores ODC, explicó ayer que el Irtramma tiene la facultad de exigir a las  diferentes cooperativas de transporte, cumplir un itinerario de servicio para la ciudad, el cual posee un número específico de rutas que deben operar acorde con la demanda de los usuarios.

“En este caso, si una cooperativa saca de circulación una cantidad de buses porque los alquiló para trasladar gente en un acto político, la misma cooperativa debe garantizar que un número específico de rutas emergentes entren a operar, para cubrir cualquier déficit de unidades, y esto lo debe exigir el Irtramma”, afirmó Osejo.

Ley 524  establece sanciones
La Ley General de Transporte Terrestre (Ley 524) establece en su artículo 14 que es el Ministerio de Transporte e Infraestructura, o las autoridades municipales, las encargadas de fijar el número de unidades que funcionarán en cada ruta o modalidad de servicio, a partir de las necesidades de la población, a fin de mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Osejo señaló que la misma ley y su reglamento establecen que las cooperativas o concesionarios del servicio que no cumplan con estas disposiciones, deberán ser sancionados por los entes reguladores del servicio de transporte.
“Es responsabilidad del Irtramma, en el caso de Managua, garantizar que haya suficientes unidades en la ciudad, que trasladen a los pobladores. El problema aquí es que tanto los transportistas como las mismas autoridades municipales responden a intereses políticos, y por ello es que no se cumplen las leyes”, destacó.

Ojo con ilegales
Osejo también dijo que garantizar que haya transporte significa que debe prestarse un servicio de calidad y seguro. Por ello, el Irtramma  deberá coordinar medidas con la Policía Nacional para sancionar, según la Ley General de Tránsito, a aquellas unidades que anden prestando servicio sin las debidas condiciones y sin portar los permisos requeridos.

El artículo 83 de la Ley 524 establece que tanto el MTI como las autoridades municipales reguladoras del transporte, están facultados para imponer amonestaciones, multas, suspensiones  y cancelación definitiva de los permisos de operaciones, por las infracciones a la Ley que cometieren los concesionarios del servicio de transporte.

Osejo insistió en que si las cooperativas autorizadas a operar con rutas en la capital no cumplen las disposiciones de las leyes, deben ser sometidas a sanciones.  

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, afirmó el pasado sábado que esta situación es una violación directa a los derechos de los consumidores, quienes al quedar sin acceso a un transporte estable y de calidad, corren serios riesgos, porque tienen que abordar transporte alternativo que no es seguro.