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El problema financiero que atraviesa la Contraloría General de la República, CGR, por falta de presupuesto, obligó a los contralores con cargos vencidos no solo a suspender las auditorías en todo el país, sino a tomar medidas de ahorro que debilitan aún más su trabajo, en un contexto en el que su actuar es altamente cuestionado por la inoperancia en la lucha contra la corrupción.

Las medidas fueron aprobadas en la sesión número 748 del pasado 21 de septiembre, luego que el director de la División General Administrativa Financiera, Rodolfo Escobar Wong, las propusiera como una alternativa de ahorro de al menos un millón y medio de córdobas, según copia del acta que recogió el acuerdo, en poder de END.

Las disposiciones van desde el ahorro en pago de horas extras a personal de servicios generales y suspensión de auditorías en todo el país, hasta la suspensión de la celebración de La Purísima, que tradicional y religiosamente se realiza en las instalaciones de la institución desde mediados de noviembre.

“Las medidas implican todo lo que signifique ahorro, todo”, dijo el colegiado y presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, al hablar de la crisis.  

“Nosotros necesitamos cinco millones de córdobas más para terminar este año, porque solo en prestaciones a los trabajadores debemos dos millones, y tenemos un déficit en combustibles que se ha aumentado por el precio del petróleo de un millón doscientos mil córdobas, pero no hay respuesta, no hay ampliación de presupuesto”, dijo Argüello Poessy. 

“Con el presupuesto que nos dieron para el próximo año, estaríamos a unos nueve millones de lo que realmente necesitamos, por eso estamos enviando carta al ministro de Hacienda para que vea qué puede hacer, aunque la veo difícil”, dijo el contralor.

El presupuesto de este año para la CGR sumó los 145 millones 606 mil córdobas, y para el próximo año se contempla un monto de 162 millones de córdobas, es decir, 16 millones más que el período anterior, una suma que es insuficiente para los colegiados.

Adiós contratos BID

Por ello, entre las medidas de ahorro que aprobaron también destacan “que se suspendan las convocatorias a contrataciones de personal de nuevo ingreso… el pago de liquidaciones de personal que haya renunciado a la CGR y que no hayan sido pagadas a esta fecha”.

Además, instruye a Escobar Wong a que realice las gestiones pertinentes ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, a fin de que se haga la gestión de reembolso de los subsidios que han sido pagados y que no han sido cobrados por el ente de control superior.

“Que los contratos de personal de la UAA-CGR-BID, no deberán renovarse, una vez que hayan llegado a su vencimiento”, dice la decisión.

Negligencia

El exprocurador Alberto Novoa calificó como “negligencia laboral” el hecho que los contralores no hayan previsto el estado de iliquidez en que se encuentra la institución. Agregó que la situación actual de la Contraloría ofende a la ciudadanía, pues el ente fiscalizador dejará de ejercer su función.

“En derecho eso se llama negligencia laboral, en el derecho penal el incumplimiento de las funciones es un delito. Creo que es un desacierto de los señores contralores decir que no pueden  ejercer la función de fiscalización”, dijo Novoa.

El exfuncionario agregó que “perfectamente podían haber enviado a la Asamblea Nacional una propuesta de ampliación de su presupuesto; si no lo hicieron, fue porque fueron negligentes”.

Según Novoa, “la situación de la Contraloría es muy difícil, tanto para hacer el control de fondos públicos como por el cuestionado nombramiento de los contralores y por la influencia decisiva que tiene el Ejecutivo”.

El diputado Maximino Rodríguez, miembro de la Comisión de Probidad del Parlamento, coincidió en parte con los planteamientos de Novoa.

“Desde el mismo momento en que se aprobó el Presupuesto General de la República, la Contraloría tendría que haber hecho (un trámite para aumentar la partida)”, opinó Rodríguez, quien consideró que el ente fiscalizador, como otras instituciones, está “saturado de gente que no cumple sus funciones, ya que están en el cargo por favores políticos”.

A criterio del excontralor Agustín Jarquín Anaya, el déficit de la Contraloría provoca más bien un “efecto psicológico”.

“No es un hecho normal, pero es más un efecto psicológico. Con esto se entiende como que no hay resguardo. La ley recientemente aprobada establece que debe resguardarse la documentación durante diez años”, expresó Jarquín Anaya.

Añadió que la falta de auditorías este año provocaría que se acumule trabajo, pero no que se dejen de hacer los análisis, pues estos podrán hacerse cuando haya presupuesto para financiarlos.

“No sé cómo será hoy. Normalmente, en noviembre y diciembre desciende bastante el trabajo”, justificó.