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El conflicto judicial por las valiosas tierras de San Juan del Sur que las hermanas Medina Sandino recibieron en herencia, pica y se extiende. Cada vez hay más enredo legal, y al litigio provocado por las donaciones ilegales que realizó el ex edil Gerardo Miranda se le suman los juicios con documentos supuestamente falsificados y compras con títulos de reforma agraria que se repartieron como naipes a supuestos campesinos cooperados.

Ayer, dos abogados más, defensores de supuestos inversionistas que habrían comprado de buena fe, pero a vendedores con títulos de reforma agraria sobre tierras que presuntamente eran privadas desde hace casi un siglo, se pronunciaron en contra de las hermanas Silvana y Norma Medina Sandino.

Según declaraciones del abogado Corrales, un grupo de inversionistas a los cuales él representa, estuvieron a escasos minutos de perder más de doce millones de dólares en inversiones realizadas en Lomas de Sandino.

De acuerdo con Corrales, desde 2002, Silvania Medina Sandino inició el proceso judicial para recuperar las lomas que habría comprado el médico Denis Ibarra Gutiérrez, y no se tomó en cuenta en el juicio a los supuestos inversionistas, que eran quienes estaban en posesión, “ya que habían adquirido esas propiedades al comprarlas a gente beneficiada con título de Reforma Agraria”, explicó el abogado. Esos títulos son seriamente constitucionales en todo el país, y es muy dudosa la “buena fe” de terceros.

236 manzanas en juego

Efectivamente, el proceso de acción de nulidad del instrumento público, cancelación registral de las propiedades y reivindicación de las mismas, que introdujo la señora Medina Sandino, con el objetivo de recuperar las lomas heredadas de sus ancestros, fue contra Ibarra Gutiérrez, ya que la heredera alega que a nombre de éste y no de los inversionistas es que estaban inscritas las propiedades 617 y 2375 que equivalen a 236 manzanas.

El médico dijo en su momento a EL NUEVO DIARIO que él únicamente compró cerca de nueve manzanas y que nunca estuvo posesión de ellas, que nunca las vendió por no haber estado bajo su dominio, y que, efectivamente, en juicio de primera, segunda y tercera instancias, perdió la supuesta compra. Norma Medina dijo en END que Ibarra nunca le dio un centavo.

Al final del proceso, la juez Ligia Rivas Peña falló a favor de Medina Sandino, y según el expediente, Ibarra Gutiérrez apeló el falló ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; en ambas salas judiciales se ratificó la sentencia de Rivas Peña con fechas del cinco de marzo de 2004 y 16 de diciembre de 2005.

Ante tales fallos, la misma judicial Rivas Peña dictó el cinco de abril de 2006 un auto donde ordenó al señor Ibarra Gutiérrez o a cualquier otra persona (en este caso eran los inversionistas) que se encontrara en posesión del bien inmueble, que en el acto de ser requeridos pusieran en posesión del mismo a la señora Medina Sandino.

Ni cuenta se daba del desalojo

Hasta ese momento los inversionistas que habían adquirido las Lomas desconocían que estaban a punto de ser desalojados, y fue hasta el tres de mayo, cuando se hacía la entrega de la propiedad a Sandino Medina, que se enteraron, y empezaron a movilizarse para no quedar en el aire ni perder los más de doce millones que presuntamente habían invertido, aseguró Corrales.

Dice el abogado que para impedir que los desalojaran, los representantes de los inversionistas pidieron una intervención de ley ante la misma juez Rivas Peña, quien les aceptó la petición, luego los abogados solicitaron un incidente de nulidad absoluta del proceso, por no habérseles tomado en cuenta como perjudicados, según comentó Corrales.

Tiempo después, la judicial declara nulo todo lo actuado por ella misma a partir del auto dictado el cinco de abril, luego de la orden de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que manda a “rectificar el error” en la sentencia contra Ibarra, donde en vez de dos propiedades que se reclamaban al inicio se mandó devolver seis.

Saltan las “donaciones” de Miranda

De esa forma, inversionistas como Ken David Roos, David Alexander Wilson, Erick Hamilton, Larry John Banchero y Chris Berry, socio de los hoteles Pelican Eyes y Olas, salvaron sus inversiones, aunque en la actualidad el caso se ventila en el Juzgado de Distrito Civil Tres de Managua, ahora entre inversionistas y Medina Sandino.

Según Corrales, sus clientes compraron de buena fe a gente beneficiada con títulos de Reforma Agraria, y entre éstos están Antonio Cerda, José Tomás Mora, José Sevilla Ruiz, Evaristo López, Pablo Alvarado, Catalina Alvarado, Víctor López, José Alvarado y Santiago López, entre otros, que habían recibido títulos sobre supuestas tierras ejidales dadas en donación por el ex edil Gerardo Miranda.

No obstante, esto no es aceptado por las hermanas Medina Sandino, quienes muestran como prueba los primeros asientos de las lomas, donde se refleja que están a nombre de sus ancestros desde 1915.

Un lío más contra las Medina Sandino

Otro de los abogados personados en el caso es el doctor Boanerges Ojeda, representante de otro grupo de inversionistas que aducen que compraron a terceros después de un proceso de investigación en el registro, donde se habría determinado la legalidad de las escrituras públicas de las transacciones.

¿Cómo pudieron inscribir un dudoso título de Reforma Agraria encima de los números registrales de los dueños que nunca fueron ni confiscados ni expropiados ni afectados por ley alguna?

“Ellos contrataron firmas prestigiadas de abogados en Nicaragua que buscaron en los registros públicos, que investigaron, y contrastaron los documentos, porque ahí las cuentas registrales de los inversionistas están bien claras y nada tienen que ver con el número de la propiedad 617 que pertenece al señor Leonidas Sandino, de la cual la señora Silvana Medina Sandino es una de las muchas herederas y herederos”, dijo Ojeda.

“Ella en su juicio aquí en Managua, que inició en el juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua, que pasó por apelación y casación, sólo demanda por esa propiedad a don Denis Ibarra, pero inexplicablemente no se sabe por qué, en la sentencia ejecutoria de la Corte aparecen varios números registrales que no aparecían en la demanda ni en la sentencia original, y que no están dentro de la propiedad que ella reclama”, explica el abogado, aunque todos esos números registrales son de otra propiedad de los Medina Sandino.

“En la sentencia original aparece la 617 y otra, pero en la sentencia de casación de la Corte, aparece otro sinnúmero de propiedades que pertenecen a inversionistas que no han sido vencidos en juicios y a quienes querían desalojar con la sentencia famosa”, dice Ojeda.

¿Es delito pedir que paguen los que compraron a precio de guate mojado con dudosa de buena fe?

Ojeda expresa que la señora Medina Sandino “lo que anda buscando con esos juicios es mantener una presión sobre los inversionistas para ver cómo negocian con ella y ofrecen algo a cambio, pero los inversionistas son compradores de buena fe a terceros y no a propiedades que ellas reclaman”. (Con la colaboración de José Adán Silva).