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Organizaciones de derechos humanos señalaron ayer la necesidad de que el gobierno nicaragüense, respetando a las autoridades regionales, interceda en el conflicto que sacude Bilwi, y encuentre una solución antes de que alguien muera.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, dijo que el problema en esta región autónoma ocurre por la falta de respuesta y por la ausencia de las autoridades, dejando relucir la anarquía que en el caso de Bilwi ya ha dejado varios heridos.

“A esto se suma la imposición de autoridades de facto”, dijo Cuevas, agregando que se han irrespetando las leyes de autonomía por intereses particulares en la explotación de los recursos naturales, y por la serie de proyectos millonarios que se mueven en esa zona. Esto no es exclusivo en la zona del Atlántico, sino que también ocurre con las tierras de los indígenas del Centro y del Pacífico.

El abogado de la CPDH considera que el gobierno tiene la responsabilidad de ir al terreno, hablar con los comunitarios y restituir a quien por derecho corresponda.

Consideró que la violencia con la Policía o los con Antimotines sería la peor de las soluciones, que si bien podrían acallar o calmar momentáneamente el problema, ante un hecho de injusticia la única solución es la restitución de derechos que históricamente les corresponda.

Es la punta del “iceberg”

Para Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, lo que ocurre en Bilwi es solo la punta del “iceberg” de lo que podría ocurrir en los próximos meses por la poca respuesta del Estado.

“La demarcación es buena y sana, pero si no se saben manejar los conflictos, desembocará en perder el control, como ocurre en Bilwi. El problema es histórico entre las tierras de Karatá, Bilwi, y lo que se conoce como Diez Comunidades. De ahí viene la pugna por Loma Verde, que es territorio de El Cocal”, expresó Solano.

Detalló que la “trifulca” no solo es por el despojo territorial, sino también por la disminución de los ingresos por el arriendo de las tierras.  

Consideró que respetando las tradiciones y la autonomía, el Estado debe intervenir como amigable componedor en este tipo de situaciones, tomando en cuenta que por sí sola la Policía Nacional no podrá dar una respuesta.

Mientras tanto, el Consejo de Ancianos de la Nación Comunitaria Moskitia se pronunció ayer, instando a la creación de una Comisión de los Consejos de Ancianos de Lamlaya, Tuapi, Kamla, Wawa Bar y Bilwi, acompañados de los síndicos de Barata y de las autoridades de Diez Comunidades. Y el tema debe ser abordado por una instancia imparcial, con aceptación de todas las partes y sin pasiones políticas ni partidarias.

Por otra parte, destacan que la ampliación del muelle, el aeropuerto de Bilwi, los hidrocarburos, los bosques y las minas, son grandes intereses del Estado en su visión Alba, que profundiza el problema.

Así también, las alianzas políticas de Yatama-FSLN y Yatama-Karatá, son elementos en pugna y contradictorios que ahondan la crisis.

El Consejo de Ancianos declaró también culpables de esta situación a sus representantes en el gobierno central, por sus alianzas políticas y por sus intereses partidarios y electorales.