Eloisa Ibarra
  •   Managua  |
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La Directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, afirmó ayer que las declaraciones del alcalde de Nueva Guinea, Julio Quintanilla, no tienen precedente y constituyen apología del delito, al pretender justificar la muerte del matrimonio Artola-Delgadillo, alegando que eran miembros de una banda de roba ganado.

Núñez dijo que la Fiscalía General de la República debería de actuar de oficio con el alcalde, porque al incurrir en apología del delito, y siendo que es un alcalde, incentiva a la población a actuar de esa forma.

Quintanilla dijo que los Artola-Delgadillo pertenecían a una banda de roba ganado, y sus hijos están presos por ese motivo. “Matan a uno de la familia rival y los otros también los matan por venganza”. Además, que estos hechos no eran una situación generalizada.

La directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, dijo que si el alcalde tiene evidencias puede decirlo, pero en el caso de la Policía no puede actuar ni hablar con meros indicios, por ello buscan evidencias para hacer una acusación o una declaración sustentada sobre la base de pruebas. “Él seguramente tiene evidencias para decirlo, nosotros aún no podemos decir nada”, señaló Granera.

La directora de la Policía Nacional explicó que una comisión especial se ha reunido con todas las autoridades y aún no termina su trabajo en Nueva Guinea, hacia donde también se trasladará personal de asuntos internos para realizar un trabajo a fondo de toda la situación.

Núñez calificó de positivo que en medio de los roces con autoridades de la Policía Nacional, el Cenidh se reunió el viernes con más de 20 oficiales de Nueva Guinea en un seminario en el que plantearon con sinceridad los problemas existentes y la voluntad para solucionarlos.

La doctora Núñez considera necesario que las autoridades de Policía revisen a profundidad quiénes integran los comités contra el delito de abigeato, conformados, en su mayoría, según Quintanilla, por ganaderos y pequeños empresarios del municipio.

Quintanilla reveló que de lo recaudado por la municipalidad en materia de impuestos por la autorización de la venta de ganado, se destina dos córdobas a la Policía, lo que el año pasado representó unos 136,347 córdobas, que de alguna manera llegaron a la Policía, y otra parte se destinó para el pago de abogados acusadores contra cada ciudadano capturado luego de ser señalado por el Comité de Prevención de ser abigeo.

Abigeato como deporte
Según estadísticas de la Policía Nacional, de cada 100 delitos que se cometen en Nueva Guinea, 70 son de abigeato, le siguen el robo con intimidación y después el asesinato. Núñez afirmó que en ese municipio se considera más grave el robo de una vaca que la muerte de una persona.

Afirmó que Quintanilla tiene un conflicto, porque además de ser alcalde es ganadero y tiene incidencia en los comités contra el delito de abigeato, por lo que la Policía debe analizar la situación, porque hay grupos económicos que tienen el control político, como es el caso del alcalde.

Nadie se explica que un alcalde se meta en asuntos de investigación y tome partido, cuando su rol, por su cargo, es velar por la tranquilidad, pero confunde esa responsabilidad con su rol de ganadero, en una zona donde vale más el robo de una vaca que la vida de una persona.

Para Núñez es urgente que la Policía revise esa relación que existe entre esos grupos de poder económico, como amigos de la Policía, porque se amparan en eso, o en grupos de lucha contra el delito, para defender sus intereses económicos, como sucede con el alcalde, quien utiliza su posición de influencia para defender sus intereses, lo cual es completamente inaceptables desde el punto de vista político, ético y moral, y causa un gran problema.

Al respecto, Granera recordó que los comités de prevención del delito funcionan desde hace unos 20 años, y dependiendo de las necesidades trabajan en prevención de las pandillas, de los asaltos o bien del abigeato.

Afirmó que Nueva Guinea no es la excepción dentro del modelo desde la comunidad para la comunidad, donde es la misma comunidad quien escoge a sus representantes, y en este caso no puede afirmar quiénes la conforman, porque aún no han concluido el trabajo en el municipio.

El vicario de la Catedral de Managua, padre Bismarck Conde, manifestó ayer su preocupación por los altos niveles de inseguridad ciudadana que se viven en Nueva Guinea, donde parece imponerse la ley de la selva a vista y paciencia de las autoridades de esa localidad.

Así no se hace justicia
El religioso en declaraciones formuladas a EL NUEVO DIARIO dijo que la forma como fueron asesinados los esposos Artola-Delgadillo “no es la manera de hacer justicia en este pueblo ni en ninguna parte del mundo”.

“Creo que hay que agotar todos los recursos y vías, y todo delito tiene su pena, pero es bueno recurrir a los medios ya establecidos, porque de lo contrario vamos a vivir en una tierra de nadie, donde cada cual va a hacer lo que quiere”, dijo el sacerdote.

Indicó que ya el pueblo está cansado del derramamiento de sangre, independientemente de que se haya cometido delito alguno, y por “eso hay leyes establecidas y hay que agotarlas, y Dios no lo permita que nuestro pueblo se levante en guerra”.

Estimó que ante los acontecimientos en Nueva Guinea, donde el edil de esa localidad --Julio Quintanilla-- justificó la ejecución del matrimonio Artola-Delgadillo, “las autoridades deben cumplir con lo establecido por las leyes, y creo que la Policía está para salvaguardar a nuestra ciudadanía y custodiar a nuestro pueblo”.

El religioso llamó la atención de que los valores son inmutables, y “muchos dicen que los valores están en crisis, pero yo creo que no, porque los valores no cambian, el que está en crisis es el hombre, especialmente cuando le va dando acogida al odio en su corazón, así como el rencor y la venganza.

“Cuando el corazón del hombre está por completo alejado a Dios se vuelve lobo para su hermano, lo mata como si fuera cualquier cosa”, insistió el Vicario de la Catedral Metropolitana.

Sobre las preocupaciones de la Iglesia Católica respecto de lo que ocurre en Nueva Guinea, el párroco estimó que como ese sector depende de otra diócesis, el obispo que atiende ese municipio ya está exhortando a los sacerdotes a tocar el valor inviolable de la vida.

“Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona, y creo que como Iglesia y en cualquier diócesis, siempre (los sacerdotes) hemos alzado la voz en contra de personas le quiten la vida a otros por cualquier motivo”, concluyó.