Luis Galeano
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El Estado de Nicaragua ha dejado de percibir casi 29.5 millones de dólares desde 1990 a la fecha, por el no pago de los activos de empresas que formaban parte de su patrimonio y que fueron privatizadas a favor de los trabajadores en unos casos y de particulares en otros, según un informe de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) emitido en mayo pasado.

El documento --del que EL NUEVO DIARIO obtuvo una copia-- revela que desde que asumió el gobierno doña Violeta Barrios de Chamorro, se vendieron empresas y acciones de empresas estatales, cuyo saldo vencido a mayo de 2007 es de 29 millones 403 mil 921 dólares.

Aunque la mayoría de las transacciones de estos bienes estatales se dio hace más de 10 años, la Contraloría podría analizar todo lo que tenga que ver con los últimos cinco años, como establece su Ley Orgánica, y lo demás remitirlo a manos del procurador general Hernán Estrada, para que ejerza las acciones que estime convenientes.

El Registro Único de Propiedades de la Cornap, señala que las razones por las que el Estado no ha percibido ese monto, es porque los bienes ya no existen, o el poseedor murió o cerró operaciones, porque existe negativa de pagar y hay que emprender una acción judicial, porque la acción judicial prescribió o se perdió el juicio, y en otros casos se encuentra en arbitraje.

El informe dividió los bienes que fueron privatizados bajo la figura de “venta industrial”, en grupos entre los que destacan los relacionados al sector construcción, pesca, turismo, agrícolas y agroindustrial.

Conazúcar: deuda más alta
La Corporación Nicaragüense del Azúcar (Conazúcar) es el grupo que, de acuerdo con el documento, tiene la deuda más alta con el Estado, pues de los más de 29 millones de dólares, ellos deben 8 millones 562 mil 394 dólares.

Otra de las deudas que más destaca son los más de seis millones de dólares que la empresa Nouveau Latin America tiene por haber obtenido el Ingenio “Victoria de Julio”. El firmante de esa deuda fue Edgar Chamorro Cuadra socio de Agroinsa, y el caso se encuentra a la espera de un juicio sin sentencia.

Desarrollos del Pacífico de Nicaragua S.A. (Despanicsa), miembro del Grupo Conazúcar, según el informe, debe 919 mil 404 dólares producto de la compra del 75% de los activos del Ingenio “Julio Buitrago”. El firmante de la deuda fue Armando Téllez Mejía y el caso se encuentra en arbitraje.

Inpesca con más de seis millones de dólares
El Instituto Nicaragüense de la Pesca (Inpesca) debe al Estado 6 millones 385 mil 284 dólares, y la mayor parte de ese dinero está perdida. De acuerdo con el documento de la Cornap, sólo en el caso de Océanos del Pacífico S.A. (Oceanic) a quien se le otorgó en arriendo simple una planta procesadora de mariscos y quien debe por ello 776 mil 215 dólares, el Estado puede gestionar algún pago, pues se encuentra en un juicio pendiente de sentencia. El deudor firmante, de acuerdo con el documento es John Vogel Lacayo.

En el resto de casos, que suman casi los 50, los barcos que se habían puesto como garantía del 75% del valor hipotecado, la mayor parte cambió de dueños “varias veces” o las “hipotecas caducaron”.

LA COIP
La Corporación Industrial del Pueblo (COIP) se ubicó en el tercer puesto de los grupos de más deben al Estado, con un saldo vencido de 4 millones 106 mil 659 dólares. De ese monto el deudor más alto, según el informe de la Cornap, es Pedro Blandón Moreno, con 1 millón 618 mil dólares, derivado de la obtención del inventario y el 100 por ciento de las acciones de Metasa, que luego pasó a ser Industrial Metalúrgica S.A. (Indumetasa).

En este caso, la garantía que obtuvo el Estado fue la prenda mercantil sobre sus acciones en la empresa. La falta de pago obligó al Estado a emprender una acción judicial en contra del deudor, pero ésta prescribió, según el informe.

Importaciones y Servicios Agropecuarios (IMSA) debe al Estado 2 millones 341 mil 748 dólares. El deudor beneficiario fue Agrotecnología y Servicios Agropecuarios S.A. (Agrotersa) o Proagro, los firmantes fueron Tommy O’Reary Montoya y José Ángel Ponce Benavides. La empresa está adscrita a la Cornap.

Turismo, la Construcción y Minas
La Corporación de Abastecimiento y Talleres de la Construcción (Catco) debe 1 millón 595 mil 731 dólares. La deuda se deriva de la obtención de bienes muebles e inmuebles-Edina, y de la compra de 200 acciones equivalentes al 100% de Enira. El deudor beneficiario fue Inversiones de Trabajadores (Intrasa), y quien firmó como su representante fue Cristóbal García Rojas.

La Corporación de Turismo (Cotur) es otra que aparece en la lista como deudora del Estado con 2 millones 331 mil 510 dólares. De sus integrantes, el que posee la deuda más alta es Auxiliar S.A. o Grupo Barceló, quien debe 1 millón 450 mil dólares por la venta de los activos del Hotel Montelimar. De acuerdo con el informe, quien firmó haciéndose responsable de la deuda fue Rodrigo Ortiz Salazar, y se entregó el bien sin ninguna garantía.

Marcial Cabrera y Manuel Pérez, quienes firmaron una deuda con el Estado por obtener los bienes inmuebles y el circulante del Auto Hotel 10 ½ de la Carretera a Masaya, deben al Estado 180 mil 193 dólares. De acuerdo con el informe de la Cornap, se trató de recuperar vía judicial y no fue posible.

La Corporación Nicaragüense de Minas (Inmine) adeuda al Estado 1 millón 164 mil 949 dólares. Los integrantes de ese grupo Inversiones Mineras S.A. (Imisa) o Inmine, representados por Rafael Cáceres Aguilar, asumieron compromisos por 1 millón 143 mil dólares. “Los deudores alegan que crearon un fondo social, y que es la Cornap la que más bien les debe 1.8 millón de dólares”, dice el informe.

Sovipe-Enfara, por su lado, debe 566 mil 007 dólares, todo ello de la obtención de maquinaria de construcción de parte de alcaldías del norte del país y de empresas relacionadas con el ramo, la mayoría de las cuales no reconocen la deuda, han desaparecido, o es necesario gestionar el pago vía judicial.

La Corporación Nacional del Pueblo (Corcop) debe 524 mil 525 dólares, de los cuales la mayor parte son responsabilidad de Thelma Machado de Gallo, quien obtuvo las acciones de Gallo y Villa, y que no ha cancelado 328 mil 618 dólares porque se encuentra “en espera de que el Estado le pague Bonos para Pagos de Indemnización (BPI)”.

La Corporación Nicaragüense de la Carne (CNC), por su lado, tiene una deuda de 364 mil dólares, la Corporación Nicaragüense de Empresas de Comercio Exterior (Coniece) debe 322 mil 419 dólares

Contraloría estudiará documentos
El presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, dijo al observar el informe de la Cornap en manos de EL NUEVO DIARIO, que están esperando esa documentación oficialmente para analizarla y ver cuáles de las transacciones hechas están dentro del ámbito de trabajo que les permite la Ley Orgánica, que establece un período de cinco años para indagar sobre un tema, porque los demás deben considerarse “caducos” para el ente fiscalizador.

“Aquí estamos hablando DE que hay un saldo vencido no recuperado de casi 30 millones de dólares, que sin duda alguna es importantísimo recuperar”, dijo Montenegro.

Indicó que lo que conocen hasta el momento, es que a una gran mayoría de esas empresas privatizadas desde 1990 a la fecha, en algunos casos a favor de los trabajadores, otras a favor de particulares, y hasta trasnacionales como el caso del Hotel Montelimar, no se solicitó la garantía que debía tener el Estado para poseer la certeza de que el dinero iba a llegar a sus arcas.

“Lo que se puede observar es que quienes estuvieron al frente de la Cornap, es decir sus ex presidentes y juntas directivas, se prestaron para no establecer los mecanismos apropiados de garantizar al Estado la recuperación de los bienes, sino que al parecer fueron firmadas con simples ‘pagarés’, y lo peor es que las empresas en su mayoría ahora están en manos de particulares y el Estado quedó en total indefensión”, dijo el contralor.

Ayer intentamos hablar con Rosendo Díaz y Chéster Noguera, ambos ex presidentes Ejecutivos de la Cornap, pero no fue posible localizarlos.

Explicó que los daños a las arcas del Estado no caducan en términos generales, y para ello enviarían al procurador Hernán Estrada la documentación de la Cornap para que estudie los casos en los que se pueden emprender acciones, y que sea él quien se comunique con el fiscal Julio Centeno, en los casos donde se actuó con dolo en contra del erario.