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Esta semana, el presidente Daniel Ortega entregará títulos de propiedad en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, pero a costa de las comunidades indígenas, cuyas tierras repartirá, en Tasbapounie y en las 12 comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca Laguna de Perlas, por lo cual, representantes indígenas interpusieron un recurso de amparo contra el mandatario.
Según los líderes comunales y territoriales, el lunes presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Bluefileds en contra del presidente Daniel Ortega y de otros funcionarios, que tienen planificado emitir y entregar el título del Territorio de las Doce Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas este 13 de octubre.
La repartición se realizará durante un acto de propaganda política electoral de Ortega en Bluefields, quien por sexta vez es el candidato a la presidencia por el partido Frente Sandinista.
Así, las Doce Comunidades perderán casi la mitad de su territorio. Específicamente, la zona de bosque, las aéreas que se van a inundar con el proyecto del Gobierno Central  para la construcción de la presa hidroeléctrica de Tumarín, y, además, las aéreas sembradas por el proyecto de palma africana, detrás de cerro Wawashan, desde Kukra Hill hasta el municipio de El Tortuguero.
Realstone Bent Garth, presidente comunal de Tasbapounie, aseguró que solo en su comunidad hay 3,000 familias, y con la demarcación les quieren confiscar alrededor de 400,000 hectáreas.
“Nos están despojando de enormes zonas ricas en recursos. Hacen todo sin el consentimiento de las autoridades legalmente constituidas, tanto comunales como territoriales, lo que es un crimen contra los pueblos indígenas y una violación a la Ley 445 o del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, así como la Ley 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica y su reglamento”, expresó Bent.
Demry Moody Spellman, presidente comunal de Tasbapounie, señaló que ellos están luchando por su derecho ancestral e histórico establecido con el amojonamiento de 1905, y posteriormente ratificado en 1950, cuando fue demarcado y reconocido con linderos territoriales con nombres nativos, algo que ahora no están respetando.  

“Quieren cercenarnos nuestra riqueza”
“Estamos en proceso de demarcación y de titulación, pero el gobierno quiere hacerlo cercenándonos parte de nuestra riqueza heredada de nuestros antepasados. Un llamado al gobierno a que respete nuestros derechos como pueblo indígena”, señaló Spellman.
Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que la situación es difícil, y lastimosamente están recibiendo con mayor frecuencia este tipo de denuncias, que son representativas. Para ser exactos, cuatro denuncias en este año.
Solano destacó que los pueblos indígenas antes no habían expresado tanta inconformidad por la actuación del Estado --por la administración de los recursos naturales y por el abuso de la demarcación territorial--, que si bien es un derecho restitutivo mandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el caso de las comunidades de Awastigni, esto no puede ser utilizado para beneficiar a unos y perjudicar a otros.
“Lastimosamente, de cuatro casos este es el tercero en la RAAS, donde no solo se está abusando del poder para cercenar territorios, sino también están sustituyendo a las autoridades legalmente elegidas por las comunidades, según lo establecido en la ley, como el caso de Awaltara, con el fin de aprovecharse de los recursos naturales y de las concesiones que se puedan otorgar en los territorios indígenas”, comentó.
El abogado dijo que darán seguimiento a las gestiones de los comunitarios, analizarán el caso, y realizarán un informe que será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.